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El otro poder fáctico


Por JOHN M. ACKERMAN / Revista Proceso

Las televisoras comerciales y los intereses económicos que representan no constituyen el único poder fáctico que amenaza la convivencia democrática del país. La exclusión sistemática de las mujeres del sistema político también pone en riesgo la salud de nuestras instituciones públicas. De la misma forma en que es necesario frenar los abusos e ilegalidades de Televisa y TV Azteca, es también urgente que los partidos políticos y las autoridades electorales realicen todo lo que esté a su alcance para combatir la hegemonía de los hombres en el poder.
 

Afortunadamente, la reforma electoral de 2007-2008 atendió este reclamo social al incluir una serie de disposiciones legales que garantizarían una mayor representación de las mujeres. Hoy el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) señala sin rodeos que los partidos políticos están obligados a “procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular”. En las elecciones del presente año, ningún género podrá rebasar el 70% de los espacios para las candidaturas. La norma también faculta al Instituto Federal Electoral (IFE) para que niegue el registro a las candidaturas que no cumplan con este requisito.  
 

Sin embargo, así como hemos atestiguado graves omisiones en la aplicación de la ley electoral en materia de radio y televisión, la norma también podría quedar en letra muerta con respecto a la paridad de género. Ya desde 2002 el Cofipe señalaba que los partidos tenían la obligación de “promover la igualdad de oportunidades” y prohibía que más de 70% de las candidaturas fueran de un mismo género. Sin embargo, hoy contamos con únicamente 116 diputadas federales y 23 senadoras, 23% y 18% de cada cámara, respectivamente. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), países como Ruanda, Mozambique, Uganda, Afganistán e Irak, entre muchos otros, cuentan con mayor presencia femenina en sus congresos federales.

 

También vale la pena recordar que el año pasado los diputados violaron el principio de equidad de género que ellos mismos habían incorporado en la convocatoria para seleccionar a los nuevos consejeros electorales. Del pasado Consejo General salieron tres mujeres y al nuevo apenas logró entrar una. Escudándose en el argumento retrógrado de que el establecimiento de cuotas supuestamente violaría la igualdad de oportunidades de los candidatos hombres, los líderes parlamentarios ratificaron su compromiso con el régimen machista predominante.  
 

El martes 10, en un artículo publicado en El Universal, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, hizo gala de su total desconocimiento en materia de equidad de género. Valdés señala que la contribución más importante de las mujeres a la democracia ha sido en el ámbito de la educación cívica y en la “difusión de los valores”. Así, respalda el viejo estereotipo según el cual las mujeres son buenas para el hogar y para el magisterio, pero incompetentes para la política y la vida pública. También llama la atención que en su texto prefiera mencionar a Hillary Clinton y a Sarah Palin como dos ejemplos de exitosas mujeres políticas, en lugar de referirse a cualquiera de las numerosas diputadas, senadoras, dirigentes partidistas o altas funcionarias mexicanas que de manera ejemplar han ido abriendo brecha para la representación femenina en el México contemporáneo.    
 

Quizás lo más preocupante del texto firmado por Valdés es que no menciona uno solo de la más de media docena de artículos de la ley electoral que aluden al fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Y mucho menos se compromete a asegurar su cumplimiento. En vísperas de que el IFE deba utilizar todas sus facultades legales para garantizar el cumplimiento de la paridad de género en la presentación de candidaturas, Valdés prefiere abdicar de su responsabilidad.
 

Como ya se está volviendo costumbre en él, el consejero presidente decide pasar la bolita a otros al conminar a las propias mujeres a que “refrenden una vez más su vocación democrática, combatan al abstencionismo, promuevan el voto y contribuyan a regresar la confianza en las instituciones participativas que los mexicanos hemos edificado en los últimos 40 años”. En una reconstrucción perversa de la clásica alocución de John F. Kennedy (“No preguntes por lo que tu país puede hacer por ti, sino por lo que tú puedes hacer por tu país”), de acuerdo con Valdés son las mujeres las que tienen que apoyar al IFE, no el IFE a las mujeres.   
 

Frente a este tipo de actitudes, vale la pena que la sociedad levante la voz y exija tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales que cumplan con la ley y garanticen la participación plena de las mujeres en el debate público nacional. Habría que celebrar, por ejemplo, la iniciativa de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C. (www.consorcio.org.mx), pionera en la materia, que ha conseguido docenas de adhesiones de organizaciones civiles y figuras públicas a un comunicado que exige el respecto estricto a las disposiciones legales en la materia. La mejor forma para celebrar el Día Internacional de la Mujer no es con discursos desinformados que simulen un compromiso con la equidad, sino con acciones concretas que permitan avanzar en la difícil tarea de construir un país más justo y democrático.
 

P.D. El pasado lunes 9, el Consejo General del IFE dio su último carpetazo al asunto de los spotsilegales del Consejo Coordinador Empresarial durante la campaña presidencial de 2006. Una vez más, los consejeros se negaron a investigar a fondo el asunto y convenientemente rechazaron cualquier responsabilidad directa de los partidos beneficiados. Todo terminó en una “amonestación pública” para el PAN, el PRI y el PVEM, y el camino de la impunidad quedó pavimentado de oro puro para las campañas de 2009. 

 

www.johnackerman.blogspot.com

 

Este análisis se publicó en la edición 1689 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 15 de marzo.