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Golpe en Honduras y bases en Colombia

 


Frida Modak / Revista Siempre!
 

 

A medida que pasan los días va quedando más en claro que el golpe en Honduras no fue un hecho aislado ni provocado por la consulta ciudadana que había convocado el presidente Manuel Zelaya. De la misma manera, ya es evidente que las siete bases militares que Estados Unidos instalará en Colombia no tienen por objeto combatir al narcotráfico o a las FARC.

No son afirmaciones antojadizas. Estados Unidos tiene una base militar en Honduras que hoy se llama Soto-Cano, pero que fue conocida como Palmerola, cuando se creó para combatir al gobierno sandinista. De esa base salían los mercenarios de la “contra” reclutados, adiestrados y apertrechados por Estados Unidos. Ronald Reagan, presidente del país del norte en ese tiempo los bautizó como “combatientes de la libertad” y los financió de muy diversas maneras.

Cuando el congreso estadunidense se negó a conceder más fondos para los mercenarios, el financiamiento salió del narcotráfico, lo que fue admitido y justificado por el entonces subsecretario para asuntos latinoamericanos Elliot Abrams, quien sostuvo que dada la actitud del congreso de su país, los pobrecitos de la contra tenían que buscar medios de subsistencia.

Vele la pena recordarlo cuando el presidente colombiano dice que con las bases estadunidenses en su país se busca combatir el narcotráfico y erradicar a los terroristas. Volvamos ahora a Honduras.

 

Empresarios y un embajador en el golpe

 

En la noche del sábado 27 de junio, víspera de la consulta ciudadana, un asesor del presidente Zelaya me señaló en una conversación telefónica que se sabía de dos llamados del departamento de Estado a la embajada estadunidense en Honduras y presumiblemente también a los hasta entonces complotadores, advirtiéndoles que “nada de golpes”. Eso sugería que se iniciaría una acción contra el gobierno el lunes 29 cuando se hubiera producido lo que ellos consideraban delito.

Pero el sector empresarial, que era parte del complot, estimó que no había que esperar porque la votación a favor de la cuarta urna iba a ser copiosa y no la podrían ignorar. En Honduras se afirma y se comenta que, por lo tanto, los empresarios llegaron a un acuerdo con el alto mando de las fuerzas armadas, a quienes les habrían dado 30 millones de lempiras, que equivalen a alrededor de un millón y medio de dólares, según una carta estaría circulando y que proviene de oficiales de mediana graduación.

En esferas del gobierno del presidente Zelaya se estimaba que votarían a favor de la consulta entre un millón 200 mil y un millón 500 mil personas. En Honduras hay un padrón electoral de 4 millones 700 mil inscritos, de los cuales un millón 300 mil están en Estados Unidos. El promedio de votantes efectivos es de 2 millones 100 mil, por lo tanto los votos a favor de la consulta podrían alcanzar la mayoría absoluta y no podrían ser desconocidos, de ahí la decisión de los empresarios, entre los que se cuentan los ex Presidentes de la República.

En cuando al embajador estadunidense Hugo Llorens, su participación fue activa antes y después del golpe de Estado y así lo declaró públicamente hace unos ocho días el candidato presidencial del partido Demócrata Cristiano, colectividad que suele actuar de acuerdo con los sectores que se han tomado el gobierno. El candidato afirmó que el embajador iba a las reuniones conspirativas y la crónica respectiva se publicó en la prensa hondureña, que mayoritariamente pertenece al sector golpista, como una advertencia a Washington sobre todo lo que podrían contar.

Si unimos lo señalado respecto a la base estadunidense de Soto-Cano, ex Palmerola, con los antecedentes del golpe de Estado y la actuación del embajador Llorens, nombrado por Bush y mantenido en el puesto por Obama, con las bases militares que se instalarán en Colombia, apelando al Plan Colombia, tendremos los lineamientos de un proyecto que con justificada razón ha alarmado a los países sudamericanos y que debería ser analizado por México.

 

Las siete bases

 

El gobierno colombiano quiere convencer a la opinión pública internacional, no sólo a la latinoamericana, de que su convenio con Estados Unidos no significa la instalación de bases militares estadunidenses en su territorio, porque sólo les permitirán ocupar un pedacito de siete bases colombianas para que ahí desarrollen sus actividades. Como quien dice, los van a recibir de allegados para que supuestamente contribuyan a combatir el narcotráfico, que sigue viento en popa pese a los cerca de 7 mil millones de dólares que Washington le ha entregado a los sucesivos gobiernos colombianos a través del Plan Colombia.

A estas alturas ya es un hecho indiscutible que ese plan no ha disminuido en absoluto el narcotráfico y la corrupción, numerosas figuras políticas del partido del presidente Uribe están detenidas y procesadas por sus vínculos con el negocio de las drogas. También está claro que los paramilitares aparentemente se disolvieron, pero se han vuelto a reagrupar con otro nombre y los más peligrosos, por lo que saben, fueron extraditados a Estados Unidos, pero antes les quitaron sus computadoras y teléfonos celulares, por la información que pudieran contener.

El objetivo de las bases es otro muy diferente. Los estadunidenses tenían un centro de control no sólo hacia América Latina sino también hacia otros continentes cuando estaban instalados en Panamá, donde tenían diversos centros de espionaje de alcance internacional. Los tratados canaleros firmados entre los presidentes Carter y Torrijos los obligaron a salir de territorio panameño y encontraron acogida en la localidad ecuatoriana de Manta, donde el después derrocado presidente Yamil Mahuad les permitió establecerse a sus anchas.

El actual presidente de Ecuador, Rafael Correa planteó desde su campaña que no renovaría esa autorización y la base de Manta, que asumió las tareas de espionaje y control que tenía la desalojada base Howard en Panamá, ya se ha desmantelado. Se van a siete puntos de Colombia a pretexto de combatir el narcotráfico, lo que obviamente nadie cree, como tampoco es creíble que van a utilizar una oficinita de las bases colombianas para apoyar al Plan Colombia.

Las autoridades de las localidades en que se van a instalar tampoco están muy a gusto, porque consideran que la presencia de los soldados estadunidenses atrae prostitución y corrupción, como ya ha sucedido en los lugares en que ya están desde hace tiempo. A los países sudamericanos tampoco les gusta el asunto y no lo han ocultado. No le pueden decir al presidente Uribe que no le creen cuando afirma que al “compartir” las bases busca defender la soberanía de Colombia, pero ya le han pedido explicaciones al presidente estadunidense.

La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, acordó en su reciente reunión en Ecuador tratar el asunto directamente con Estados Unidos en el mes de septiembre, cuando se inicia el período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y, previamente, se reunirán en Argentina para analizarlo. Al mismo tiempo, UNASUR, reiteró su apoyo al presidente Zelaya y a su restitución en la presidencia de Honduras, pero aquí también hay discrepancias con Washington.

 

 ¿Hipocresía?

 

El presidente Barack Obama reaccionó con molestia a las críticas sobre la forma en que su gobierno ha actuado en relación al golpe de Estado hondureño, diciendo que “hay cierta hipocresía” en los que estiman su país “no ha intervenido lo suficiente” en Honduras y que éstos “son los mismos que dicen que siempre estamos interviniendo y que los yanquis se tienen que salir de América Latina”.

La hipocresía no está ahí, está en el rol jugado por el embajador Llorens en el golpe, en el adiestramiento que le sigue dando Estados Unidos a las fuerzas armadas hondureñas y en el “lobby clintoniano” que defiende a los golpistas en el congreso estadunidense. Y decimos “clintoniano” porque se trata de ex funcionarios del gobierno de William Clinton e incluso de abogados que lo defendieron en sonados casos como el “Lewinsky”. Si la secretaria de Estado Hillary Clinton no es capaz de ver las implicancias que eso tiene, el presidente debería suplir esa incapacidad.

También hay abundante información sobre el trasiego de dinero proveniente del narcotráfico así como de instituciones estadunidenses financiadas por el gobierno del norte y que se entrega en ciudades fronterizas colombianas a los opositores a gobiernos democráticamente elegidos en la región. En otras palabras, lo que se ha calificado de hipocresía no es otra cosa que plantear que no se siga ayudando al golpismo con una pretendida no intervención.