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La oscura biografía de Arturo Chávez Chávez

 

 


Editorial Revista Siempre!

 

 

Cuando este número de Siempre! esté circulando, Arturo Chávez Chávez habrá sido ratificado o revocado por el Senado de la República como nuevo titular de la Procuraduría General de la República.

 

Su aprobación confirmaría, una vez más, que los partidos políticos privilegian la negociación y el trueque de intereses oscuros, por encima de los más elevados valores democráticos, de la justicia, los derechos humanos de la mujer mexicana y la gobernabilidad nacional.

 

El senador Manlio Fabio Beltrones dio una respuesta mordaz, cuando le preguntaron los medios de comunicación sobre los cambios en la PGR: “No lo conozco. Espero que Chávez sea el jurista que todos estábamos esperando”.

 

El legislador priísta sabe que Chávez no es el abogado que necesita en este momento la República. Más que estrictamente técnica, el Senado tendría que tomar en cuenta otras consideraciones para aprobarlo. Por ejemplo, sus antecedentes, si se ha distinguido por ser un promotor del espíritu de la Constitución, si ha combatido el crimen y la impunidad en cargos anteriores y si goza del aprecio, admiración y respeto de la sociedad.

 

Para el pueblo de Chihuahua —y especialmente para sus mujeres—, Chávez ha sido uno de los peores procuradores que ha tenido la entidad. Diversos diarios del interior de la República vinculan al candidato del presidente Felipe Calderón con el crimen organizado, la desaparición de personas y la “omisión”, “pasividad”, “indolencia”, “indiferencia” con las que enfrentó el nacimiento y multiplicación de los feminicidios en Ciudad Juárez.

 

Se menciona que fue procurador de Justicia del estado cuando la PGR reveló el contenido de una acusación conocida como “el maxiproceso”, en el cual se vincula al gobierno de Francisco Barrio con el cártel de Juárez y donde el jefe de esa organización criminal, Amado Carrillo, se queja de que “un gobernador panista de apellido Barrio le pide siempre dinero”.

 

Otro dato relevante es que de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Chávez bloqueó las investigaciones sobre personas desaparecidas en Chihuahua, entre ellas las del juarense Alfonso Saad Cordero en 1998. Versión que se complementa con lo que recientemente declaró la ex presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mireille Rocatti, quien acusó a Chávez de “haber dejado cuentas pendientes y no haber aceptado las recomendaciones que hizo la CNDH sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”.

 

La biografía de quien podría ser el sustituto de Eduardo Medina Mora en la PGR está plagada de denuncias, acusaciones y sospechas. Además de haber ignorado las violaciones y crímenes contra más de 100 mujeres cometidos entre 1993 y 1998

—Chávez fue procurador de 1996 a 1998—, existe una serie de casos donde de manera directa o indirecta se le implica. Su nombramiento ha traído a la memoria su participación en el violento desalojo de indígenas en el ejido Monterde —ocurrido el 27 de mayo de 1997—, mismo que provocó tanto la reacción del Congreso local como la de diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También se ha recordado un escándalo relacionado con el asesinato y desaparición de un agente apodado El Negro que trabajaba para él.

 

Aunque las versiones sobre el pasado ominoso de Chávez sólo sean verdades a medias, su designación como Procurador General de la República contribuirá —en un momento de crisis en materia de seguridad— a ahondar el desprestigio y debilitamiento de la institución. Para la sociedad, el presidente Calderón ya cometió un error al pretender llevar a la conducción de la PGR a un individuo vinculado con el crimen organizado que siempre vio con buenos ojos la desaparición y mutilación de niñas y mujeres en la frontera norte del país.

 

Ahora, una decisión que puede tener inmensas consecuencias para la seguridad del Estado mexicano queda en manos del Senado.