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Las malas cuentas de Vicente Fox

 

Por JESUSA CERVANTES / Revista Proceso

 

Primero fue la negociación política con Elba Esther Gordillo, después el acuerdo entre los actuales coordinadores parlamentarios de PRI y PAN, Emilio Gamboa y Héctor Larios. Entre todos ellos postergaron el juicio político al desempeño del gobierno de Vicente Fox, el cual se realiza a través de la revisión de las cuentas públicas en la Cámara de Diputados.

Hoy, a dos meses y medio de las elecciones federales del 5 de julio próximo, el PRI decidió sacar de la congeladora las irregularidades detectadas durante el sexenio foxista y, coordinados con el PRD, lograron llevar el debate al pleno de la Cámara de Diputados donde, por primera vez en la historia, dos cuentas públicas de un presidente de la República se rechazaron.

Durante seis años, la Cámara de Diputados evitó la revisión de la cuenta pública de 2002 y 2003 de Vicente Fox. Ángel Buendía Tirado, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública durante 2004-2006, revela que debido a un acuerdo político entre una fracción del PRI con el PAN y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, se evitó que la comisión cumpliera con su obligación.

En contravención al artículo 74 de la Carta Magna, el cual obliga a los diputados a revisar las cuentas públicas al año siguiente de su aplicación, los legisladores postergaron lo que hoy llaman “el juicio político” a Fox para no hacerlo durante su mandato.

Buendía, expresidente de la Comisión de Presupuesto encargada de elaborar el dictamen de la cuenta pública, resume los obstáculos durante el último trienio de la administración foxista:

“El interés de Fox y el interés de la secretaria de Hacienda para que no se avanzara en la revisión encontró eco en un importante grupo, por supuesto de panistas, pero también de priistas.”

El diputado Pablo Trejo, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el PRD, señala que PRI y PAN pretendieron no hacer el juicio político –que es en lo que se traduce la revisión de la cuenta pública– siendo Fox presidente de la República.

“La intención de ambos grupos parlamentarios fue obvia: no levantar más suspicacias sobre el manejo de los millonarios recursos públicos justo cuando Marta Sahagún era cuestionada por el posible desvió de recursos federales a su fundación privada Vamos México y aparecían los primeros indicios de los negocios de los hermanos Bribiesca, quienes se estaban beneficiando a través del gasto público ya fuera mediante gestores de contratos de adquisiciones u obras públicas”. Sostiene el perredista.

Al inicio de la actual LX Legislatura, en agosto de 2006, la fracción del PRI no encontró utilidad política a la revisión de las cuentas de Fox, “pero en tiempos electorales parece que se trata de denostar al adversario”, añade Trejo.

Tres años antes, al arranque de la LIX Legislatura, la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados recayó en Elba Esther Gordillo, quien meses después entró en conflicto con el dirigente nacional de su entonces partido, Roberto Madrazo Pintado; la maestra fue removida del cargo y sustituida por Emilio Chuayffet.

Gordillo había logrado colocar en las principales comisiones a gente cercana. Por ejemplo, en la presidencia de la Comisión de Presupuesto había colocado a Francisco Rojas, y le puso de apoyo a Francisco Suárez Dávila, al maestro José Ángel Ibáñez Montes y al exboxeador Jorge Kahwagi.

 

Maniobra electoral 

 

Aunque su primer objetivo fue revisar y dictaminar las cuentas públicas de 2001, 2002 y 2003, Buendía Tirado tardó un año en llevar al pleno la revisión del primer año de gobierno foxista, la cual fue aprobada el 21 de abril de 2005 a pesar de contener “observaciones” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 334 mil millones de pesos.

La actual legislatura se encontró con que sólo se había dictaminado y aprobado la cuenta pública de 2001 de Vicente Fox; el PRD presentó varias excitativas para que se revisaran las cuentas pendientes, al igual que Manuel Cárdenas de Nueva Alianza: no prosperaron.

Trejo detalla que cada vez que se exigía la revisión al actual presidente de la comisión, el panista Raúl Padilla Orozco, “se abría un impasse para no discutirlas; y el PRI no daba argumentos a su negativa, simplemente lo iban postergando”.

La estrategia del PRD, agrega, fue promover un dictamen a favor de la aprobación de las cuentas públicas, e incluso logró que el 1 de septiembre de 2008 fueran aprobadas en comisión las cuentas de 2002, 2003 y 2004, así como un avance de la de 2005.

Una fuente del PRI revela que el coordinador priista, Emilio Gamboa Patrón, retrasó la discusión lo más que pudo. Incluso, “a trastienda se empezó a agendar un acuerdo económico entre todos los coordinadores para sacar las cuentas pendientes y que éstas aparecieran entre las varias reformas o aprobaciones en paquete que se dan al finalizar la legislatura.

“La verdad es que la aprobación por unanimidad de los dictámenes en la comisión, el 1 de septiembre de 2008, fue una trampa y el PAN se confió dejando que algunos de sus legisladores no asistieran”, revela la misma fuente priista.

Trejo acepta que los seis años de retraso en la revisión no tienen consecuencias económicas como para resarcir los efectos negativos, “pero el juicio político y el de la historia ya se está dando”.

 

Manejo escandaloso 

 

Cuando la ASF realizó la revisión de la cuenta pública 2002 detectó observaciones por 77 mil millones de pesos y en la de 2003 por 48 mil millones de pesos.

Carlos Altamirano, diputado del PRD que participó en la elaboración del dictamen, aclaró que “esos dictámenes se hicieron tarde, con poca información, basados únicamente en el contenido de la ASF y sin una verdadera confrontación con los verdaderos ejecutores del gasto”.

Según el análisis, Fox incurrió en manejo “discrecional y abusivo” del presupuesto, y subejerció y transfirió recursos que la Cámara de Diputados no aprobó. Por ejemplo, en 2002 “movió” a su antojo 173 mil millones de pesos. 

Para 2003 fueron 136 mil millones de pesos que afectaron y redujeron 89% el presupuesto de apoyo a madres jóvenes; a niños migrantes en 62%, a pueblos indígenas 58% y al hospital de la mujer en el Distrito Federal en 51%.

La revisión destaca tres aspectos que denotan la discrecionalidad con que Fox manejó los recursos y de los cuáles, a la fecha, se ignora su uso y destino final.

El primero: los fideicomisos “privados” creados por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y que por la forma en que se constituyeron no se puede tener acceso a las cuentas.

Según el reporte, hasta 2003 Fox contaba con mil 353 fideicomisos los cuales tenían o tienen (no se tiene la certeza) un monto en activos por 662 mil millones de pesos. De éstos, 497 mil 402 millones de pesos corresponde a 801 fideicomisos vigentes y 164 mil 605 millones de pesos a 552 no vigentes.

Trejo explica que ni la ASF ni la Cámara de Diputados saben dónde está ese dinero ni qué es lo que está financiando o financiaron, “porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, como su carácter es privado –aunque hayan sido creados y se manejen con recursos públicos–, no se pueden revisar debido al secreto fiduciario”.

Un ejemplo claro es el de ISOSA, la empresa creada por Francisco Gil Díaz para administrar el pago del llamado Derecho de Trámite Aduanero (DTA). La ASF determinó que los 5 mil 561 millones de pesos que obtuvo en 2001 no fueron depositados en la Tesorería de la Federación. La SHCP alegó que, por tratarse de un fideicomiso privado, no tenía por qué entregarlos a la hacienda federal. A pesar de ello, la ASF recomendó enterar esos recursos, pero el gobierno foxista no le hizo caso.

En 2002 ocurrió lo mismo, pero el monto de lo no entregado a la federación fue por 2 mil millones de pesos; y para 2003 la suma alcanzó 2 mil 585 millones de pesos.

Otro aspecto que destacaron los diputados y la propia ASF en las cuentas de 2002 y 2003 fue el ingreso de 70 mil millones de dólares por excedentes petroleros, “de los cuales nunca se rindieron cuentas y nadie supo en dónde quedaron o en qué se gastaron”.

El tercer aspecto que destacaron los legisladores fue la triangulación de recursos federales a la Fundación Vamos México de Marta Sahagún, primero vocera y después esposa de Vicente Fox.

Como muestra, el diputado Trejo recuerda que en esos años, el fideicomiso Transforma México de la Lotería Nacional autorizó un donativo de 3 millones de pesos a la Fundación Vamos México, pero luego de los señalamientos de la ASF tuvo que ser cancelado.

En la cuenta pública de 2003, la ASF informó que Transforma México donó a diversas instituciones 84 millones de pesos, pero “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables de administración, ejecución y control, ya que se otorgaron donativos a instituciones y asociaciones que presentaron irregularidades en su comprobación”. De hecho, recomendó la desaparición de dicho fideicomiso, lo cual ocurrió hasta 2005.