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Los gobernadores no son ingenieros petroleros


Editorial Revista Siempre!

 

Ahora resulta que el gobierno federal no sabe qué hacer con la reforma energética aprobada por el Congreso en octubre de 2008. Así lo demuestra el exhorto que acaba de hacer el presidente Felipe Calderón, para que en un foro —otro más— los gobiernos de los estados digan cómo y dónde debe ser construida la refinería que anunció el Ejecutivo federal desde hace cinco meses.

El anuncio es surrealista. Esta forma lenta, dubitativa y ambivalente de gobernar satisface, cuando menos, el título de dos libros recientes: País de mentiras de Sara Sefchovich y El miedo a gobernar de Carlos Arriola. ¿A cuál de las dos realidades pertenece este gobierno?

El 18 de marzo, día de la Expropiación Petrolera, el Ejecutivo federal aventó la noticia “a quemarropa” como si se tratara de dar un regalo oportuno a los mexicanos. Cuando ni es oportuno ni es regalo. Y no lo es porque las expectativas creadas por la autoridad, desde hace un año, no corresponden con lo que hoy demuestra: que no cuenta, efectivamente, con una política energética sustentada en una estrategia.

Recordemos la historia del famoso “tesoro” energético en el subsuelo marino. Desde abril de 2008, la Secretaría de Energía presentó un diagnóstico con un amplio y costoso despliegue publicitario para decirle al país —a partir de una serie de argumentos— que México estaba a punto de quedarse sin petróleo y que o se aprobaba la reforma energética propuesta por el gobierno o simplemente se entraría a un proceso de desabasto y caos.
El tema es que, de pronto, el globo del “tesoro” se quedó sin aire. Durante semanas y meses, las autoridades dijeron sustentar sus pronósticos, cifras, estadísticas y mediciones, a partir de una investigación técnica avanzada, avalada incluso por centros de estudio internacionales, y hoy dicen o dan a entender que no saben dónde ni cómo construir una refinería.

Los gobernadores pueden levantar legítimamente la mano, como varios lo han hecho ya, pero ellos no son los indicados para tomar una decisión que en teoría debe ser estrictamente técnica. Los mandatarios estatales —por más asesorados que estén— no son ingenieros especializados en refinación.

En el documento Diagnóstico: situación de Pemex, la Secretaría de Energía dice textualmente: “La demanda de destilados (gasolina, diesel y turbosina) está concentrada en las zonas Centro y Norte del país (65%) del total. Ambas regiones son deficitarias y requieren importaciones para garantizar el abasto. Las zonas Pacífico y Golfo-Sureste se encuentran prácticamente en balance, si bien muestran un mayor dinamismo en el crecimiento de su demanda”.

Esto demuestra que hay información de sobra para saber dónde sí y dónde no. La decisión, sin embargo, comienza a recibir, extrañamente, un tratamiento plebiscitario que asegura su politización y partidización.

Si no fuera porque Calderón fijó el 15 de abril como fecha límite para definir el lugar, se pensaría que la medida es un recurso electoral del gobierno para llevar votos al PAN. Un anzuelo para que —como ya sucedió en el proceso electoral del
2006— los mandatarios, esperanzados en ser favorecidos ahora con el proyecto económico más importante del sexenio, dejen que las urnas se llenen de azul.

No hay sustento ni explicación lógica para entender que la determinación se tome en un foro. La decisión es anormal, sobre todo cuando el gobierno le vendió al Congreso y al país la idea de que la reforma energética y la construcción de refinerías eran un asunto de vida o muerte. Y ahora resulta que tan no se va a morir nadie que se dan el lujo de retrasar su construcción.