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Los jueces se mandan solos

 

Editorial EL UNIVERSAL 

 

 

 

Si con el objetivo de mejorar la imagen del Poder Judicial de la Federación los ministros de la Suprema Corte han creado normas internas de transparencia y emitido miles de spots, tendrían que hacer algo con los 4 millones de pesos que reciben al año en ingresos, cada uno, así como con el aristocrático estilo de vida de los jubilados de la Corte. ¿Qué clase de confianza tendrán los ciudadanos sobre la sensibilidad social y el sentido de justicia de los miembros del Poder Judicial si quienes lo dirigen viven en condiciones de privilegio?

Los ingresos de nuestros ministros y ex ministros rebasan a los perciben sus homólogos de los países más desarrollados, con el agravante de que en México no existen mecanismos claros de rendición de cuentas. Tuvieron que pasar cinco años para que, hace seis meses, el máximo tribunal del país diera a EL UNIVERSAL la información de los montos que van a parar a los ministros jubilados. Inicialmente la Suprema Corte había clasificado la lista como confidencial con la explicación de que eran datos personales y que los ex juzgadores ya no eran funcionarios.

Ahora la Corte proporciona a este diario las facturas de los gastos que han tenido los jubilados en comidas. Nos enteramos de que, además de lo que reciben de fijo mensualmente, tienen manga ancha para pagar con cargo al erario 6 mil pesos en una comida. Lamentablemente, por ahora no sabemos a qué jubilado atribuir los 2 mil 415 pesos que se gastó en el hotel Fiesta Americana de Cancún el 18 de marzo de 2008, en plena Semana Santa. Tampoco sabemos a qué conocedor de la cocina internacional se le ocurrió cargar al presupuesto nacional el equivante en pesos de 217 dólares canadienses por el consumo en el restaurante Joe Fortes, de Vancouver, Canadá, con propina incluida.

Eventualmente conoceremos, a través del Comité de Acceso de la Información de la Suprema Corte de Justicia, los nombres de los ex ministros derrochadores; por desgracia, hasta ahí quedará el asunto. No todos los servidores públicos, como hicieron los consejeros del IFE hace unos días respecto de su auto-aumento salarial, reculan frente a la presión de la opinión pública. Además, es poco lo que los medios de comunicación, y por tanto los ciudadanos, llegan a conocer de las artimañas de los funcionarios para enriquecerse del erario.

 

Si los ministros de la Suprema Corte, los diputados federales, los gobernadores, con todo y los reflectores que tienen encima, pueden beneficiarse personalmente del dinero de todos, ¿qué no harán presidentes municipales, funcionarios de medio rango y jueces de distrito?

 

Mientras no tengamos un tribunal de cuentas que regule los gastos de cada una de las instituciones y funcionarios dependientes del dinero público no va a haber manera de tener un control confiable para evitar los desvíos y los excesos. La Auditoría Superior de la Federación no tiene, por ejemplo, la facultad para controlar los gastos del Poder Judicial, carente de contrapesos en la materia. Una cosa es autonomía financiera —necesaria para evitar que el sistema de justicia dependa de los criterios políticos en la asignación de recursos— y otra puertas abiertas a la corrupción.

 

Necesitamos reguladores externos para cada institución que nos garanticen el buen uso del dinero de todos. Hay razones para dudar de la honorabilidad de nuestros jueces en tanto sus miembros sean los únicos que decidan sobre sus propios salarios, aguinaldos, viáticos y hasta pensiones vitalicias.