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Luces rojas en la guerra

 

Jorge Torres  / El Universal 

 

 

 

 

 

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En sus pesquisas sobre miembros del Ejército mexicano por violaciones a garantías individuales de civiles detenidos en el contexto de la lucha del gobierno federal contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha establecido un patrón de comportamiento extrajudicial: militares recurren sistemáticamente a la tortura como técnica de interrogatorio, escudándose luego en informes de médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional que omiten las secuelas físicas. “Es un patrón que hemos comprobado en las últimas recomendaciones”, aseguró Mauricio Ibarra, segundo visitador general.

Tras las detenciones ilegales, soldados practican interrogatorios mediante tortura, reteniendo a sus víctimas hasta 24 horas en cárceles improvisadas, antes de entregarlas al Ministerio Público, según los expedientes de las más recientes recomendaciones al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván —donde destacan los casos de Michoacán y Sonora. “Sabemos que estuvieron en los cuarteles militares porque cuando los llevan al Ministerio Público con retraso de 12, 18 o 24 horas, llegan con certificados de médicos militares”, explicó Mauricio Ibarra en una entrevista para la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL.

“No nos cabe la menor duda de que los retienen indebidamente y que en lugar de llevarlos ante la autoridad responsable, que es el agente del Ministerio Público, hay un periodo en el que pudieron haber ocurrido muchas cosas. Hay dos cosas que llaman mucho la atención, rasgos de las últimas recomendaciones que hemos encontrado. Uno, que están utilizando toques eléctricos; chicharras en la espalda y los testículos. Y otra, que se prestan los médicos militares a emitir certificados en los que asientan que los detenidos gozan de perfecto estado de salud, que no tienen golpes, aunque cuando son certificados por médicos de la Procuraduría aparecen golpeados”, abundó.

En las recomendaciones de la CNDH al secretario de la Defensa, concluyó Ibarra, se establece que la Procuraduría de Justicia Militar deberá iniciar sus propias investigaciones para determinar delitos en que hayan incurrido soldados y médicos militares, y se les castigue conforme a los ordenamientos de los códigos de justicia militar. “Hemos insistido en que se haga responsables a los médicos. Le pedimos que dé vista a la Procuraduría de Justicia Militar para que determine si incurrió en un delito al estar emitiendo documentos falsos. Las últimas tres recomendaciones de este año y las dos de diciembre del año pasado, en todos los casos encontramos médicos involucrados”.

 

El médico los declaró “sin alteraciones”

De acuerdo con la recomendación 18/2009, emitida por la CNDH el 17 de marzo anterior, el 14 de diciembre de 2007 soldados del 90 batallón de infantería irrumpieron violentamente en domicilios de La Huacana (Michoacán), deteniendo a Rodolfo Sandoval García y a Sergio Huerta Tena. Al primero lo sacaron a empellones, con el rostro cubierto, ante su esposa, Rosa Cruz Castillo. Habían llegado preguntando por armas y mariguana mientras lo golpeaban, arrojándolo finalmente a un vehículo militar. Huerta, su vecino, fue golpeado también mientras lo sacaban de su casa, ante la mirada aterrada de su esposa, María Guadalupe Corona, y sus dos hijas.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la 43 zona militar, en Apatzingán, donde los torturaron. Insistían en hacerlos confesar la posesión de armas y mariguana. A Sandoval lo sentaron con los pies amarrados a una silla y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, golpeándolo en el vientre. A Huerta lo ataron a la defensa de un vehículo militar con los brazos extendidos, colocándole también una bolsa de plástico en la cabeza, apretándosela contra la nariz mientras lo golpeaban en el vientre. Le bajaron el short y la trusa, y le ataron los testículos con agujetas. Huerta aulló hasta perder el sentido. Cuando se recuperó, los soldados le apuntaron con un arma en la cabeza, amenazándolo una vez más. Pidió agua y le dieron a beber una botella con orines.

Las investigaciones de la CNDH establecen que estos hombres fueron detenidos a las 5:00 horas del 14 de diciembre de 2007 y entregados al Ministerio Público de Apatzingán hasta las 12:20 horas del día siguiente; es decir, fueron retenidos ilegalmente y sometidos a tortura durante más de siete horas. Entre las 19:00 y las 19:20 horas, Sandoval y Huerta fueron revisados en las instalaciones militares por un mayor médico cirujano, a quien no se identifica por su nombre y quien certificó que ambos se encontraban “sin alteraciones”.

 

Certificaron “integridad física”

Casi cuatro meses antes, el 21 de agosto de 2007, a las nueve de la noche, en Uruapan (Michoacán) —según la recomendación 032/2008 de la CNDH a la Secretaría de la Defensa Nacional, emitida a principios de este año—, miembros del Ejército mexicano detuvieron a Jesús Picazo Gómez para trasladarlo a la zona militar de Uruapan. Lo desnudaron y lo ataron de manos y pies. Luego de una sesión de golpes en el abdomen, lo arrojaron a un cuartucho, donde pasó la noche desnudo. A las ocho de la mañana del día siguiente fue trasladado al cuartel de la 21 zona militar en Morelia, donde lo examinó un médico militar antes de someterlo a un nuevo interrogatorio. Le mostraron fotografías de algunas personas y como no pudo identificarlas le sumergieron la cabeza en un tambo con agua y le aplicaron toques eléctricos en el estómago.

Picazo Gómez estuvo detenido, sin mediar orden de arresto, de las nueve de la noche del 21 de agosto de 2007 a las 11 de la noche del día siguiente, cuando fue trasladado al Ministerio Público en Morelia. La CNDH acreditó que el 22 de agosto un mayor médico cirujano emitió un “certificado médico de integridad física” de Picazo Gómez, eximiendo a los militares torturadores.

Otro caso similar. De acuerdo con el expediente de la recomendación 030/2008, que forma parte del más reciente informe de la CNDH dado a conocer a principios de este año, el 13 de junio de 2007 Óscar Cornejo Tello fue sometido por soldados que irrumpieron con violencia en su domicilio, situado en la colonia José María Morelos y Pavón, en Morelia (Michoacán). Lo habían confundido con un sujeto apodado Chino Güenses. Lo golpearon y le dieron toques eléctricos en los testículos por media hora. Finalmente lo trasladaron a la 21 zona militar y de ahí a la agencia tercera del Ministerio Público de la Federación.

Óscar Cornejo estuvo detenido ilegalmente durante siete horas, desde las 10:30 de la noche del 13 de junio hasta las 6:20 horas del día siguiente, que lo trasladaron al Ministerio Público. La CNDH establece que el 14 de junio un mayor médico cirujano emitió un “certificado médico de integridad física”, no obstante las huellas de la tortura que presentaba el detenido.

 

Tortura y muerte

La recomendación 029/2008, por su parte, asienta que el 7 de junio de 2007, a las 19:30 horas, José Fausto Gálvez Munguía fue sometido a un intenso interrogatorio en las faldas del cerro La Lesna, de Sonoyta (Sonora), por soldados presuntamente de la 40 zona militar. Gálvez Munguía les había confesado que esperaba a un pollero para cruzar a Phoenix, pero éstos insistían en que lo que realmente esperaba era droga, que llevaría al otro lado de la frontera.

Lo maniataron y golpearon, al tiempo que le introducían astillas de madera entre las uñas, hasta que perdió el sentido. Al cabo, entrada la noche lo abandonaron inconsciente en las faldas del cerro La Lesna.

La CNDH documentó asimismo cómo la tortura ha derivado en asesinatos. En su recomendación 031/2008, por ejemplo, establece que el 3 de agosto de 2007, en Naco (Sonora), militares detuvieron a Fausto Ernesto Murillo, quien de acuerdo con las declaraciones de un testigo contenidas en la investigación de la CNDH, fue sometido a asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza y su cadáver hallado el día posterior en el paraje La Morita (kilómetro 28 de la carretera Cananea-Agua Prieta). Fueron consignados por ese hecho el teniente de infantería José Roberto Lagunas Huitrón, el cabo Domingo Armando Calderón Ballina, los cabos de infantería César Miguel Palomares Flores y Gustavo Gil Lemus, además de los soldados Pánfilo Valenzuela y Abenamar Jiménez.

 

Repuntan las denuncias

“El año pasado tuvimos 311 denuncias por detención arbitraria (contra miembros del Ejército), y ahora, sin que termine el primer trimestre, ya tenemos 172 por detención arbitraria y 51 por retención ilegal”, precisó Mauricio Ibarra, segundo visitador de la CNDH.

“Las Fuerzas Armadas están actuando al margen de la Constitución”, agrega. “No tienen por qué llevar a los detenidos a un cuartel militar; los cuarteles militares no se hicieron para llevar a civiles ni someterlos a tortura, y los médicos militares no tienen por qué estar emitiendo (ese tipo de) certificados”.

La Secretaría de la Defensa Nacional negó la entrevista solicitada por este diario con el director general de Derechos Humanos, general Jaime Antonio López Portillo, y hasta el cierre de esta investigación no había respondido si los médicos militares mencionados en las investigaciones de la CNDH por casos de tortura (y que no son citados por sus nombres) estaban siendo investigados por la Procuraduría de Justicia Militar.