Matanza impune sigue cobrando vidas
Por Diego Cevallos
MÉXICO, (IPS) Pilar identificó a siete
presuntos narcotraficantes que habrían asesinado
en agosto a 12 jóvenes y un bebé en el poblado de
Creel, en el septentrional estado mexicano de
Chihuahua. También las autoridades los conocen, pero ninguno fue detenido.
Además, acaba de ser asesinado un pariente de
las víctimas que presionaba para que actuara la justicia.
Pilar, quien perdió a un familiar en la
masacre, dijo a IPS que "los narcos se imponen y
las autoridades son cómplices". "Por eso sé que me podrían matar",
advirtió.
Esta mujer pidió omitir su nombre real, igual
que el de los sospechosos a los que señaló.
El viernes 20 fue hallado dentro de un
vehículo detenido en una carretera de Chihuahua,
con dos balazos en la cabeza, el cadáver de
Daniel Parras, padre de uno de los asesinados en
Creel, quien había participado en varias protestas para exigir justicia.
La matanza de agosto en Creel, pintoresco y
pequeño poblado de 6.000 habitantes enclavado en
la sierra Tarahumara, es una pincelada en el
cuadro de violencia e impunidad que afronta
México en la lucha entre y contra
narcotraficantes, sobre todo en Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.
En ese estado fueron asesinadas cerca de
1.700 personas el año pasado, 26 por ciento de
las 6.500 ultimadas entonces en todo México.
Desde comienzos de este año, los asesinatos
suman en Chihuahua alrededor de 400 de los más de
1.500 registrados en todo el país. Se detuvo a
sospechosos de esos crímenes en menos de una
docena de los casos ocurridos en ese estado.
En una exhibición de poder y osadía, un grupo
de supuestos narcotraficantes atacaron el 22 de
febrero un convoy de automóviles en el que
viajaba el gobernador de Chihuahua, José Reyes.
El hecho desencadenó una balacera en la que
falleció un agente y fue herido y detenido un sicario.
Unos 5.000 soldados y 3.500 policías
federales han sido enviados por el gobierno del
presidente Felipe Calderón a ese estado para
afianzar la seguridad, pero la violencia
persiste, igual que la impunidad de los crímenes que a diario se cometen
allí.
Los deudos de las víctimas en Creel
entregaron en 2008 a la fiscalía estadual, que
depende del gobierno de Chihuahua dirigido por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), los
nombres de los supuestos asesinos.
También indicaron los domicilios de los
sospechosos, "pero las autoridades, por miedo o
corrupción, no los han detenido", dijo a IPS
Jorge Espino, miembro de una comisión
investigadora del Congreso legislativo de Chihuahua.
Este diputado estadual, miembro del Partido
Acción Nacional que gobierna a nivel nacional,
declaró que la corrupción de la policía y de las
autoridades de Chihuahua "llega a niveles
récord", lo que, a su entender, impide acabar con la violencia.
Junto a sus pares de otros partidos, excepto
del PRI, Espino demanda que la investigación de
la matanza de Creel pase a manos de la fiscalía general del gobierno
nacional.
El diputado Espino "es uno de los pocos que
sí se ha preocupado por nuestro caso, pero ya
perdimos la confianza en la Procuraduría"
(fiscalía) de Chihuahua y "tenemos poca en la
federal", declaró Pilar. "Nadie parece querer hacer justicia", se lamentó.
Pilar confirmó que los nombres de los
supuestos culpables fueron entregados a las
autoridades de la fiscalía del estado. Según su
versión, los criminales buscaban a un enemigo que
ni siquiera se encontraba entre los asesinados.
"Aquí siempre fue muy tranquilo, pero la
matanza cambió un poco al pueblo. La gente ya no
sale en las noches y ha bajado el turismo",
declaró a IPS desde Creel el párroco local,
Javier Ávila, de la orden católica jesuita.
Creel, a 170 kilómetros de la ciudad de
Chihuahua, capital del estado, se encuentra cerca
un lago y un valle donde destacan caprichosas
formas rocosas, además de ser lugar de paso hacia
otros atractivos turísticos apreciados sobre todo por visitantes
extranjeros.
La policía se había esfumado de Creel horas
antes de que las 13 personas –la mayoría hombres
de entre 18 y 20 años– perecieran bajo una
lluvia de balas. Ávila terminó repentinamente la
misa que ofrecía entonces, para ver qué sucedía a
menos de 10 minutos de distancia de la iglesia.
El sacerdote jesuita encontró los cuerpos en
medio de un lago de sangre. No había ningún
policía presente. Uno de los fallecidos, de 30
años, llevaba en brazos un bebé que también murió.
Cámara en mano y en medio del griterío de los
deudos, Ávila registró la escena y contó el
número de cuerpos. "Tuve que hacer de fiscal y
perito, no había otra alternativa ante la falta
de policías", declaró el religioso.
Según testigos, los agentes de seguridad
locales abandonaron Creel tras recibir amenazas de muerte.
"Ahora ya tenemos policía federal, no como en
aquella ocasión, pero el miedo persiste", indicó
Ávila. El asesinato de Daniel Parra, agregó, "es muy lamentable", expresó.
En opinión de Pilar, la matanza de Creel es
un ejemplo más de la violencia de la que vive
presa Chihuahua y de la poco o nula efectividad
de la policía, fiscales y jueces en aclarar los
crímenes y sancionar a los responsables.
"Los criminales nos quitaron a nuestros seres
queridos y por denunciarlos también pueden
matarnos. ¿Quién nos ayudará?", expresó.
(FIN/IPS/dc/mj/la ip mx pr cs/09)