Por Diego Cevallos

MÉXICO,  (IPS)  Pilar identificó a siete

presuntos narcotraficantes que habrían asesinado

en agosto a 12 jóvenes y un bebé en el poblado de

Creel, en el septentrional estado mexicano de

Chihuahua. También las autoridades los conocen, pero ninguno fue detenido.

 

   Además, acaba de ser asesinado un pariente de

las víctimas que presionaba para que actuara la justicia.

 

   Pilar, quien perdió a un familiar en la

masacre, dijo a IPS que "los narcos se imponen y

las autoridades son cómplices". "Por eso sé que me podrían matar", 

advirtió.

 

   Esta mujer pidió omitir su nombre real, igual

que el de los sospechosos a los que señaló.

 

   El viernes 20 fue hallado dentro de un

vehículo detenido en una carretera de Chihuahua,

con dos balazos en la cabeza, el cadáver de

Daniel Parras, padre de uno de los asesinados en

Creel, quien había participado en varias protestas para exigir  justicia.

 

   La matanza de agosto en Creel, pintoresco y

pequeño poblado de 6.000 habitantes enclavado en

la sierra Tarahumara, es una pincelada en el

cuadro de violencia e impunidad que afronta

México en la lucha entre y contra

narcotraficantes, sobre todo en Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

 

   En ese estado fueron asesinadas cerca de

1.700 personas el año pasado, 26 por ciento de

las 6.500 ultimadas entonces en todo México.

 

   Desde comienzos de este año, los asesinatos

suman en Chihuahua alrededor de 400 de los más de

1.500 registrados en todo el país. Se detuvo a

sospechosos de esos crímenes en menos de una

docena de los casos ocurridos en ese estado.

   En una exhibición de poder y osadía, un grupo

de supuestos narcotraficantes atacaron el 22 de

febrero un convoy de automóviles en el que

viajaba el gobernador de Chihuahua, José Reyes.

El hecho desencadenó una balacera en la que

falleció un agente y fue herido y detenido un sicario.

   Unos 5.000 soldados y 3.500 policías

federales han sido enviados por el gobierno del

presidente Felipe Calderón a ese estado para

afianzar la seguridad, pero la violencia

persiste, igual que la impunidad de los crímenes que a diario se cometen 

allí.

 

   Los deudos de las víctimas en Creel

entregaron en 2008 a la fiscalía estadual, que

depende del gobierno de Chihuahua dirigido por el

Partido Revolucionario Institucional (PRI), los

nombres de los supuestos asesinos.

 

   También indicaron los domicilios de los

sospechosos, "pero las autoridades, por miedo o

corrupción, no los han detenido", dijo a IPS

Jorge Espino, miembro de una comisión

investigadora del Congreso legislativo de Chihuahua.

 

   Este diputado estadual, miembro del Partido

Acción Nacional que gobierna a nivel nacional,

declaró que la corrupción de la policía y de las

autoridades de Chihuahua "llega a niveles

récord", lo que, a su entender, impide acabar con la violencia.

 

    Junto a sus pares de otros partidos, excepto

del PRI, Espino demanda que la investigación de

la matanza de Creel pase a manos de la fiscalía general del gobierno 

nacional.

 

   El diputado Espino "es uno de los pocos que

sí se ha preocupado por nuestro caso, pero ya

perdimos la confianza en la Procuraduría"

(fiscalía) de Chihuahua y "tenemos poca en la

federal", declaró Pilar. "Nadie parece querer hacer justicia", se lamentó.

 

   Pilar confirmó que los nombres de los

supuestos culpables fueron entregados a las

autoridades de la fiscalía del estado. Según su

versión, los criminales buscaban a un enemigo que

ni siquiera se encontraba entre los asesinados.

 

   "Aquí siempre fue muy tranquilo, pero la

matanza cambió un poco al pueblo. La gente ya no

sale en las noches y ha bajado el turismo",

declaró a IPS desde Creel el párroco local,

Javier Ávila, de la orden católica jesuita.

 

 

   Creel, a 170 kilómetros de la ciudad de

Chihuahua, capital del estado, se encuentra cerca

un lago y un valle donde destacan caprichosas

formas rocosas, además de ser lugar de paso hacia

otros atractivos turísticos apreciados sobre todo por visitantes 

extranjeros.

 

    La policía se había esfumado de Creel horas

antes de que las 13 personas –la mayoría hombres

de entre 18 y 20 años– perecieran bajo una

lluvia de balas. Ávila terminó repentinamente la

misa que ofrecía entonces, para ver qué sucedía a

menos de 10 minutos de distancia de la iglesia.

 

   El sacerdote jesuita encontró los cuerpos en

medio de un lago de sangre. No había ningún

policía presente. Uno de los fallecidos, de 30

años, llevaba en brazos un bebé que también murió.

 

   Cámara en mano y en medio del griterío de los

deudos, Ávila registró la escena y contó el

número de cuerpos. "Tuve que hacer de fiscal y

perito, no había otra alternativa ante la falta

de policías", declaró el religioso.

 

   Según testigos, los agentes de seguridad

locales abandonaron Creel tras recibir amenazas de muerte.

 

   "Ahora ya tenemos policía federal, no como en

aquella ocasión, pero el miedo persiste", indicó

Ávila. El asesinato de Daniel Parra, agregó, "es muy lamentable", expresó.

 

   En opinión de Pilar, la matanza de Creel es

un ejemplo más de la violencia de la que vive

presa Chihuahua y de la poco o nula efectividad

de la policía, fiscales y jueces en aclarar los

crímenes y sancionar a los responsables.

 

   "Los criminales nos quitaron a nuestros seres

queridos y por denunciarlos también pueden

matarnos. ¿Quién nos ayudará?", expresó.

 

 

(FIN/IPS/dc/mj/la ip mx pr cs/09)