MyCityLinked

Browse By

MyCityLinked

Michoacán, estrategia electoral del PAN


 

Entrevista de la Revista Siempre! al especialista en materia de Seguridad, Samuel Gonzalez Ruis.

Por Nora Rodriguez Aceves

Estrategia electoral. La manera en que el gobierno federal hizo el operativo en Michoacán puede revertirse, en lugar de ser un apoyo a lucha contra la delincuencia organizada, puede generar paradójicamente un proceso de mayor fragmentación política en el país. No se puede dejar de ver políticamente, “fue un acto político y políticamente tiene que responder el gobierno por sus actos políticos, no fue un acto de justicia estricta, aunque hayan capturado presidentes municipales de los tres partidos políticos principales, PRD, PRI y PAN”, afirma Samuel González Ruiz, especialista en materia de seguridad.

“Esto tiene que leerse sobre todo a partir de los errores en la construcción del caso como un asunto político, es político totalmente, porque si hubieran aplicado un tiro de precisión contra uno, dos o tres, no sería un acto político. Cuando detienen a 27 -funcionarios- aunque lo traten de revestir de que le pegan a todas las fuerzas políticas no podemos dejar de reconocer el escenario en el que estamos, y estamos en un escenario político, a un mes de las elecciones”.

Y argumenta: “La señal que manda el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, el día del operativo, claramente se ve como un acto político, porque están Gobierno Federal, PGR, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública federal, está hablando el señor Nájera a nombre del Gobierno Federal respaldado en el logo de estos elementos, faltó la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, digamos para ponerlos a todos, pero está haciendo comunicación política; y con base en los errores de la gestión del operativo todavía reviste más un claro marcaje político, la pregunta es ¿haciendo uno, dos o tres o 50 acciones como esta se podrá resolver el problema de la delincuencia organizada en el país? La respuesta es: no”.

Así anunciaba la PGR el resultado del operativo: “el día de hoy elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano detuvieron a 10 presidentes municipales, al coordinador de Asesores del Procurador de Justicia del Estado, al director del Instituto Estatal de Formación Policial, al jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, a 2 directores de seguridad pública municipal, a diversos jefes de grupo, comandantes y policías, así como a la ex secretaria de seguridad pública estatal y actual asesora del gobernador, Leonel Godoy, y a un juez de primera instancia, en una acción simultánea en diversos puntos del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado”.

“Las detenciones se realizaron en cumplimiento de una orden de localización y presentación obsequiada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especiales en Delincuencia Organizada”.

El operativo en Michoacán, el martes pasado, donde se detuvo a 27 funcionarios públicos y ex funcionarios, nunca antes visto en la historia, y que sorprendió a todos, incluyendo, al gobernador del estado Leonel Godoy, a quien las autoridades federales no le informaron, es un golpe político-electoral que no sólo afecta a un entidad sino que le pega a todo el país y de eso parece no darse cuenta el gobierno federal.

Elementos técnicos del operativo

El especialista en temas de seguridad Samuel González Ruiz analiza para Siempre! desde un panorama general el operativo policiaco-militar llevado a cabo por el gobierno federal en el estado de Michoacán. “No cabe duda que la autoridad tiene que actuar en ejercicio de la facultad que tiene de investigar delitos y no cabe duda que es un elemento muy importante el que haga sus actuaciones. Es absolutamente fundamental luchar contra la delincuencia organizada, lo hemos dicho y sostenido en todos los tonos, ese no es el problema en el operativo Michoacán sino los elementos técnicos”.

Aquí los elementos técnicos son muy importantes, porque: “la Constitución autoriza a detener una persona en el momento en que está cometiendo el delito o inmediatamente después, es decir, le requiere flagrancia, que es el caso uno; también autoriza a citar a una persona para que venga a declarar, que fue lo que hicieron, pero nada autoriza a la Procuraduría General de la República a decir que los detuvieron cuando no están detenidos, no pueden estar detenidos, porque anunciaron la detención antes de ser realizada, esa es una falla gravísima de la procuraduría por una razón muy simple, en los tratados de derechos humanos se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y que nadie puede ser sometido a una detención arbitraria, tenemos derecho a no ser detenidos arbitrariamente y arbitrariamente tiene que ver con la materialidad y los datos que se tienen para detener, los datos son importantísimos ¿por qué ejecuto la orden de retención de una persona en ciertas circunstancias? ¿cómo lo hago? ¿en qué me baso? ¿en qué me fundamento para generar la detención? no basta que sea del Ministerio Público y no basta que sea una solicitud de orden de arraigo, tiene que haber elementos materiales que tienen que ver con el proceso de investigación”.

Por conocimiento propio, dice González Ruiz, “es imposible ejecutar una operación con 27 detenidos de esta naturaleza y sustentarla de manera correcta, porque tenían que haber traído una investigación de mucho más tiempo y no basados en un solo testigo protegido”, tener las razones para detener a 27 personas como lo hicieron en Michoacán.

Para el doctor en filosofía en derecho no es suficiente que el vocero de la procuraduría, Ricardo Nájera, señale que el operativo es el resultado de una investigación de seis meses, entre la Procuraduría General de la República, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque “no nos han dado a conocer esos elementos. Para que se pueda generar la retención uno tiene que tener muchos más elementos vinculativos con el elemento. Una detención de 27 personas de la manera cómo se realizó tiene que ser hecha con mucha más pulcritud. Lo que se ve ahí es una detención que tiene fines electorales, tiene fines políticos ¿por qué no la hicieron antes? ¿por qué no la hicieron después?”.
Ahí está la liga entre lo técnico y lo político, y eso “no habla sobre la inocencia de ninguno de los que están ahí —declarando en la SIEDO— yo no los conozco, yo estoy criticando el operativo y diciéndole no es posible que puedan emitirse 27 órdenes de detención de la manera que lo hicieron si no tienen elementos contundentes y si tenían los elementos contundentes ¿para qué esperaron hasta ahorita? ¿por qué a un mes de las elecciones?”.

Sin asegurar que esta detención de funcionarios y ex funcionarios públicos, sea ilegal, explica que “puede haber visos de ilegalidad, los someterán seguramente a arraigo”, y en este punto hace un paréntesis para señalar que un grupo de expertos, en materia de seguridad y de derechos humanos, y del cual él forma parte, está preparando “una acción de inconstitucionalidad contra el arraigo como lo están ejecutando, acción que presentaran a los legisladores del Congreso de la Unión para que se discuta y decidan si van por la acción de inconstitucionalidad”. 

Lo que dice la Constitución

Regresando al tema que nos ocupa, Samuel González apunta que “la Constitución señala que se puede arraigar a las personas, sí, pero con elementos materiales, los jueces están interpretando que basta la solicitud del Ministerio Público para que otorguen el arraigo y eso es una detención arbitraria, es un asunto de lógica y lo voy a explicar, el nuevo sistema constitucional exige en el artículo 20 que el policía diga por qué está deteniendo, que sea capaz de explicarlo y de vincularlo con la expresión al momento de estar cometiendo el delito inmediatamente después, qué quiere decir, que si no explica por qué detiene a una persona por robo no la puede detener, eso es una carga que le puso la Constitución a los policías, determinar por qué te estoy deteniendo”.

Por lo tanto, “resulta ridículo que los jueces interpreten que basta la orden fundada y motivada del Ministerio Público diciendo que te está deteniendo para investigación para que ellos autoricen el arraigo, es solamente un procedimiento material, solamente veo ¿eres un Ministerio Público? Sí. ¿Tienes facultad de investigación? Sí. ¿Hay un delito que estás investigando? Sí. Pero no tengo ninguna, según esta interpretación de los jueces, no hay ninguna carga material para que yo te vincule al delito, cómo es posible que para que los policías puedan detener se les pida un mínimo de requisitos qué es poder explicar por qué estoy deteniendo y en el otro lado me están autorizando detenciones para investigación”.

“Eso —dice— rompe con la Convención Americana de Derechos Humanos que exige que no pueda haber detenciones arbitrarias y arbitraria quiere decir no solo formalmente arbitraria, es decir, que lo haga un policía si no materialmente arbitraria, que aunque esté hecha por un juez no cumpla con los requisitos mínimos de elementos objetivos que, porque un testigo protegido diga que usted o yo estamos implicados nos van a dar un arraigo de 40 días, no, requiere ciertos elementos materiales y por eso el arraigo como lo está manejando el Poder Judicial en combinación con la procuraduría, es inconstitucional, porque no están yendo a los elementos materiales, por eso propones una acción de inconstitucionalidad a partir de la publicación de la Ley de la PGR”.

“No se trata de defender delincuentes se trata de no cometer arbitrariedades, todo el mundo tiene derecho al principio de inocencia, ya les pasó varias veces detuvieron a un candidato, de cualquier partido político, en este caso del PRD y lo acusaron de haber protegido secuestros y a los 15 días lo tuvieron que liberar, porque eran falsas las pruebas, no hay un mínimo de verificación, la institución, el MP está abusando de su poder, y eso tiene que ver con el operativo, con los elementos que están ahí yo puedo criticar el operativo ¿por qué los detuvieron a los 27 al mismo tiempo? si las pruebas necesariamente son distintas contra unos y con otros ¿por qué no le avisaron a Leonel Godoy? cuando sí le avisaron al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, estaba en las mismas circunstancias”.

A este último cuestionamiento, Samuel González se responde: “ahí —el gobierno federal— demuestra la parcialidad, no es un asunto de ley, es un asunto de formas. La situación de Morelos es idéntica a la de Michoacán, en el gobierno de Morelos sabían de esta vinculación —entre funcionario y la delincuencia organizada— desde hace meses, lo sabían, entonces es un asunto de forma y es un asunto de arbitrariedad aviso en uno y no en el otro, la pregunta es ¿por qué? la respuesta es porque tiene motivación política”.

Costo de legitimidad

Con la experiencia que le da haber sido titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR, el doctor González advierte: “Todo esto que está haciendo, las campañas políticas que derivan del gobierno federal basadas en estos elementos tienen un alto costo en materia de legitimidad, tendremos un abstencionismo del 70 por ciento algunos dicen, pero cuando menos del 60 por ciento como nunca se ha visto, un Congreso respaldado solamente en la legitimidad del 30 por ciento de los votos, donde lo que privará fundamentalmente es el voto duro de los partidos”.

“Y un gobierno que a través de su partido político apuesta al abstencionismo está continuando con el proceso de deslegitimación de la política en el país, es peligrosísimo asociar como ya está asociando la gente: política, político, partido político, igual a, corrupción, infiltración de la delincuencia, narcotráfico, porque cuando te queda esa ecuación en la cabeza nadie sale a votar para legitimar este proceso, no es grave, es gravísima la crisis política que están generando, independientemente de cuál sea el resultado de la votación el 5 de julio”.

Los elementos se acomodan para dar un panorama general de lo que está pasando en nuestro país “tienes una crisis económica, aumentada por tus malas estrategias en seguridad pública, porque el gobierno está equivocado, la crisis económica vino de fuera, pero él la aceleró con su crisis de seguridad mal manejada, la crisis de seguridad pública que no se resolverá mientras sigan estas estrategias, tienes medio controlada ya la crisis de salud, pero nada más medio controlada, pero generaste por eso una crisis turística que te pega a tu crisis económica y aparte tienes una crisis social que se viene, que está ya en puerta derivada de los elementos que tienen que ver con la falta de empleo y a esto le agregas todavía más un juego por la deslegitimación de la política tienes ya un coctel verdaderamente explosivo socialmente hablando, es un coctel de elementos que no sabes cómo pueden estallar y todo esto lo que te demuestra es un proceso de acercamiento mayor a los elementos que tienen que ver con lo que se ha denominado estado en crisis o estado fallido”.

Hacia el Estado fallido

Aunque México todavía no es un Estado fallido estamos caminando hacia él afirma Samuel González, y no será posible salir de estas crisis “si no se convoca a un gobierno de unidad nacional, los mexicanos tenemos que estar hablando con los partidos políticos y diciéndole no puedes salir, sin un gobierno de unidad nacional, y voy a explicar ¿por qué? Los cambios que requiere verdaderamente el país para revertir esta situación tienen que ver con elementos estructurales y solamente un presidente que tengan una legitimidad como la que tuvo Vicente Fox al inició de su sexenio o Álvaro Uribe que fue elegido por el 60 por ciento de los votos en la última votación y un Congreso de apoyo con estos elementos, puede generar los cambios que el país requiere, los verdaderos cambios no estos, no estas acciones de relumbrón que son totalmente golpes mediáticos,

El especialista en seguridad nacional, advierte que “si no logramos hacer un gobierno de unidad nacional en septiembre, tendremos tres años más de lo mismo, y peor porque las crisis cada una jala a la otra, entonces nuestros políticos, los partidos políticos y el propio Calderón tienen que entender que su única alternativa es, generar un gobierno de unidad nacional, si él no es capaz de convocar un gobierno de unidad nacional entregará un país hecho pedazos en 2012, un país a las puertas del Estado fallido”.