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Organismos de control en cuestión

 

 

Por Marcela Valente


BUENOS AIRES, (IPS)  – La renuncia de un fiscal anticorrupción en 

Argentina, cansado, según dijo, de "correr en la dirección contraria", 

puso en alerta a organizaciones de la sociedad civil, que se manifiestan 

preocupados por entender que se han recortado atribuciones a los 

fiscalizadores del Estado.

 

"Desde 2008 estamos alertando sobre el riesgo que corre la independencia y 

la autonomía de los organismos de control, que son requisitos mínimos para 

cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que 

el país ratificó", dijo a IPS Laura Alonso, de la organización no 

gubernamental Poder Ciudadano.

 

  La renuncia a mediados de este mes de Nicolás Garrido, a cargo de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dependiente del 

Ministerio Público, es "una de las consecuencias más fuertes y visibles" 

de las acciones que "corroen la autonomía" de los organismos de control, 

aunque hay otras situaciones, señaló.

 

  Entre esos otros casos, Alonso se refirió al nombramiento en la Oficina 

Anticorrupción (OA) de Julio Vitobello, un ex colaborador del gobierno de 

Cristina Fernández, "sin antecedentes suficientes" para el cargo y "sin 

una consulta pública" sobre su nombramiento que dotaría de mayor 

transparencia a una institución que depende de la presidencia.

 

  "Hay resoluciones que recortan solapadamente atribuciones y conflictos 

en organismos con mayoría oficialista", advirtió Alonso. "Son hechos 

preocupantes que muestran una tendencia a intentar recortar funciones", 

añadió.

 

  Poder Ciudadano expresó su expectativa de que el nuevo fiscal 

anticorrupción sea, como Garrido, un funcionario capaz de ganar un 

concurso público y de someter su nombramiento a la aprobación del Senado 

antes de ocupar el puesto vacante.

 

  En Argentina, además de la FIA y la OA, tienen la misión investigadora 

de los funcionarios públicos el Defensor del Pueblo de la Nación, la 

Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoria General de la 

Nación (AGN), presidida por un experto de la oposición, Leandro Despouy.

 

  En todos los casos hay denuncias por limitaciones o avanzadas sobre 

esos organismos del Poder Ejecutivo.

 

  Vitobello es señalado por los activistas de no empujar las 

investigaciones y permitir que en 2008 el Ministerio de Justicia 

suspendiera los concursos para la selección de personal técnico que lleve 

adelante las investigaciones.

 

  En la AGN, si bien el presidente es de la oposición, hay un equipo de 

auditores cuya mayoría responde al oficialismo que intenta en el Congreso 

legislativo limitar la competencia del presidente de la auditoria para dar 

informes a publicidad, indicaron.

 

  La última crisis se manifestó cuando Garrido difundió su dimisión con 

argumentos que llevan a pensar al menos falta de apoyo oficial. "Infinitas 

dificultades, tropiezos, zancadillas, inenarrables resistencias, 

deficiencias normativas y estructurales", enumeró, y señaló además la 

falta de recursos materiales y humanos para su oficina.

 

  El ahora ex fiscal consideró que el recorte de sus funciones, que la 

Procuraduría negó, "deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un 

rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se 

la dotó a costa de los contribuyentes".

 

  Para Poder Ciudadano, las razones de Garrido echan luz sobre "la lesión 

a los principios de autonomía que sufrieron los órganos de control" en 

Argentina.

 

  Por su parte, el también no gubernamental Centro de Investigación y 

Prevención contra la Criminalidad Económica (Cipce) consideró que la 

renuncia "muestra el fracaso" de la gestión actual en materia de 

investigación de delitos económicos y corrupción, y responsabilizó al 

Ministerio Público Fiscal por esa situación.

 

  El Cipce  remarcó que, además del alejamiento de Garrido, los fiscales 

federales "como mínimo han fracasado en los objetivos de esclarecer los 

casos de corrupción". Según la entidad, en Argentina se iniciaron 750 

causas por corrupción en los últimos 25 años que tienen, en promedio, una 

duración de 14 años y sólo 14 condenas.

 

  En su paso por la fiscalía, Garrido, nombrado en 2003, denunció la 

manipulación de datos estadísticos, apeló el cierre de la causa que 

investiga un presunto aumento irregular del patrimonio de la presidenta 

Fernández y de su esposo y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner 

(2003-2007), y se opuso a la renovación de contratos entre el Estado y 

particulares.

 

  También denunció a un funcionario de la Secretaría de Medios por el 

supuesto reparto arbitrario de la pauta de publicidad oficial entre medios 

de comunicación, e investigó el pago de sobreprecios en licitaciones 

públicas. Todos los hechos observados por Garrido corresponden a los 

gobiernos de Kirchner y de Fernández, ambos del sector centroizquierdista 

del Partido Justicialista (peronista).

 

  A tes de llegar Garrido la FIA sólo presentado cuatro investigaciones 

en ocho años, mientras que este funcionario renunciante impulsó más de un 

centenar de denuncias por presunta corrupción desde 2003. Pero aún ninguna 

llegó a condenas.

 

  Garrido había rechazado un recorte de sus funciones dispuesto en 

noviembre por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi. "La 

resolución implica una notoria limitación a los ejes de la gestión que 

encaré hace cinco años", lamentó.

 

  La directiva del procurador, dispuesta bajo el argumento de organizar 

mejor la tarea de todos los fiscales, limita la intervención de la FIA en 

causas que esa oficina inicie e impide su participación en las que sean 

iniciadas por otros fiscales.

 

  "Era necesario ordenar el trabajo de los fiscales, pero en la práctica 

se castigó a quien más trabajó en la lucha contra la corrupción, que 

terminó perdiendo atribuciones", declaró a IPS Juan Villanueva, de la 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

 

  Para Villanueva, los organismos de control no tienen un desempeño 

homogéneo. La AGN, dependiente del parlamento, "trabaja muy bien emitiendo 

informes técnicamente fuertes y muy útiles" y haciendo públicas sus 

reuniones e investigaciones, destacó.

 

  La OA, en cambio, "perdió mucha consistencia". "No aporta todo lo que 

debería. La cabeza de esa oficina es un funcionario nombrado directamente 

por el gobierno y no siempre por su idoneidad para el cargo", dijo.

(FIN/IPS/mv/dm/ip/ar sl la/09)