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PGR, el brazo armado del PAN

 

Por JESúS CANTú / Revista Proceso
 

Casos como el de Cándido Monreal Ávila, hermano del exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, que en un lapso de cuatro meses pasó de testigo a indiciado, sólo se entienden en contexto político-electoral como el que hoy se vive en el país. 

En los últimos años ha sido una constante que en cada proceso electoral la Procuraduría General de la República integre una averiguación previa contra un candidato o alguien de su familia y ventile el asunto en los medios de comunicación.

La historia que hoy implica a varios de los hermanos Monreal Ávila se inició el 28 de noviembre de 2008. Ese día, según la información difundida, la PGR recibió una llamada en que un denunciante anónimo habló de movimientos sospechosos en la deshidratadora San Felipe, propiedad de los hermanos Cándido y David Monreal; dos meses después, el 22 de enero de 2009, elementos de la misma procuraduría decomisaron 14.5 toneladas de mariguana en las instalaciones de esa empresa familiar y detuvieron a dos presuntos zetas.

Sin embargo, fue el lunes 18 -¡cuatro meses después de los hechos!- cuando el diario Reforma informó que Cándido y David Monreal eran investigados por la PGR por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Para el viernes 22, los dos hermanos ya no eran sólo testigos, sino indiciados.

Y aún cuando la autoridad está obligada a investigar al propietario de un inmueble en el que se decomisa droga para deslindar responsabilidades, es incongruente que la investigación se mantenga en secreto durante cuatro meses, como sucedió en el caso de los hermanos Monreal Ávila, y es sólo ahora que la campaña electoral está en marcha cuando los datos de dan a conocer.

La información se difundió precisamente en el momento en que David Monreal anunció su postulación como candidato a la gubernatura de Zacatecas y al día siguiente de la espectacular fuga de 53 reos de un reclusorio de esa entidad. En este caso sólo caben dos explicaciones: distraer la atención sobre la fuga masiva o alterar la contienda electoral, afectando al candidato.

Todo indica que la familia Monreal Ávila, particularmente el senador con licencia Ricardo Monreal, en un primer momento se inclinó por la primera opción y dirigió las baterías contra la gobernadora Amalia García, principal beneficiaria de dicha operación por partida doble: ella no sólo habría tendido una cortina de humo sobre la fuga, sino que, de paso, estaba desprestigiando a David, candidato de un partido de oposición.

Sin embargo, tanto por los antecedentes de este caso como por el contexto en el que suceden, todo apunta a la segunda opción: el rendimiento electoral de la acción para el PAN. Quizá por ello Ricardo Monreal dirige ahora sus misiles contra la PGR.

En este aspecto resulta pertinente voltear hacia el 2005, año en el que el gobierno foxista desaforó y pretendió enjuiciar a Andrés Manuel López Obrador para sacarlo de la contienda electoral por la Presidencia de la República. El uso político-electoral de la justicia está plenamente acreditada con la confesión de los actores de aquel embrollo. 

Basta leer el libro La diferencia de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda o remitirse a las declaraciones hechas en Washington por el expresidente Vicente Fox en febrero de 2007, en aquella ocasión el guanajuatense aseveró que en el proceso de desafuero contra Lopez Obrador "tuve que retirarme y perdí. Pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato".

Meses después, en junio de 2006, hubo otro caso en el que se volvió a utilizar a la PGR, esta vez contra el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, quien participaba en una cerrada contienda. Un mes antes, el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel Espino, presentó una denuncia contra Zamora como presunto responsable del "fraude más grande en la historia del IMSS" por apoderarse de nueve inmuebles en litigio.

Esa vez se filtró información según la cual la DEA había integrado un expediente contra Zamora por presuntos nexos con el narco. El 11 de junio de ese año, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, declaró que había una investigación en contra del candidato priista de Jalisco por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El 13 de junio siguiente, una hora antes del debate entre los candidatos a la gubernatura por Jalisco, la PGR desmintió esa información mediante un boletín y señaló que la única investigación contra Zamora era la que se derivaba de la denuncia panista. Finalmente, cuatro días antes de los comicios del 2 de julio de 2006 incautaron los nueve inmuebles. 

El resultado: el candidato panista, Emilio González Márquez, ganó la gubernatura por amplio margen. Meses después Zamora fue exonerado de los delitos que le imputaban.

Ahora, en plena efervescencia electoral, el presidente del CEN panista, Germán Martínez, reiteradamente coloca sobre la mesa la dicotomía: apoyas a Calderón en su lucha contra el narco o estás con el narco; incluso ya acusó al candidato del PRI a la gubernatura de Colima, Mario Anguiano Moreno, de estar vinculado al narcotráfico. El argumento que esgrimió es que Humberto Anguiano, hermano de Mario, está preso por vender droga.

El mes pasado, la PGR anunció la detención de Miguel Ángel Almaraz, exdirigente estatal del PRD en Tamaulipas por sus presuntos vínculos con Los Zetas, así como por el robo y venta de gasolina.

Vistos los antecedentes y el contexto, la PGR y los panistas han sacado provecho en períodos electorales. En el caso del decomiso de mariguana en la empresa de los hermanos Monreal Ávila en enero pasado las cosas no son diferentes, con el agravante de que en esta ocasión también hubo un enfrentamiento entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora Amalia García.

En los casos de López Obrador y de Zamora, aun cuando quedaron exonerados, su descrédito ante la opinión pública y el efecto electoral en su contra fueron irreversibles; en el de los hermanos Monreal Ávila, aún en curso, es evidente que la espectacular exposición mediática tiene más fines electorales que jurídicos.

 Es cierto que la procuración e impartición de justicia no puede interrumpirse por los procesos electorales, pero tampoco debe aprovecharse para atacar a la oposición, especialmente con presunciones que todavía no son cosa juzgada.