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‘Pinches periodistas’

 

JOHN M. ACKERMAN / Revista Proceso

 Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo.  En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el tráfico de influencias y el abuso de la autoridad. En las palabras del Dr. Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.

Las vergonzosas conversaciones telefónicas de Luis Téllez con su abogado, el “sobreseimiento” de las multas en contra de TV Azteca y Televisa por el Instituto Federal Electoral y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Atenco, son casos que demuestran la continuidad de la lógica autoritaria en el ejercicio del poder en el México “democrático” de hoy. También habría que recordar otros casos recientes, como el intento de Jorge Emilio González Martínez de “negociar” proyectos turísticos en Cancún, las extorsiones de Carlos Ahumada y el frívolo comportamiento de Marta Sahagún cuando pernoctaba en Los Pinos. Desafortunadamente, esta lista pareciera interminable e incluye los inolvidables casos de los gobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz y Sergio Estrada Cajigal, entre muchos otros más.

Algunos de los casos más ominosos son los que implican la persecución de los periodistas. Sin una prensa libre y desinhibida, nuestra democracia rápidamente empezará a marchitarse. Más allá de la preocupante persecución y violencia física que tienen que sufrir muchos comunicadores de manera cotidiana, habría que sumar un aumento reciente en demandas frívolas por “daño moral” que no tienen otra intención que silenciar e intimidar a reporteros, escritores y analistas.  Recientemente, tuvimos que atestiguar el lamentable espectáculo del juicio en contra de Alfredo Rivera Flores, autor de La Sosa Nostra, y Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista del texto. El caso de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, constituye otro claro botón de muestra de la manipulación de la “justicia” por intereses creados.

Existe otro caso que no ha recibido la misma atención pública pero que es igual de preocupante. El año pasado, la licenciada Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), demandó de manera temeraria a cinco periodistas por “daño moral”, incluyendo dos reporteros del periódico Reforma, Abel Barajas y Víctor Fuentes, un columnista de El Financiero, Luis Soto, y los analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara León.

La magistrada acusa a los periodistas de haberla difamado al recoger y hacer públicas las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública de 2005. Específicamente, la investigación de la ASF encontró una serie de irregularidades en el proceso de remodelación del edificio del TFJFA ubicado en Insurgentes Sur 881. El auditor recomendó el inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de ocho colaboradores de Villalobos, quien en ese momento fungía como presidenta del tribunal. Al final de cuentas, ninguno de los funcionarios fue sancionado.  Sin embargo, las irregularidades de la remodelación finalmente sí obligaron a la constructora a resarcir el daño con 1.8 millones de pesos.

La magistrada Villalobos cree que la simple divulgación pública de esta información le causa perjuicios a su honor equivalentes al increíble e ilegal monto de 6 millones 500 mil pesos. Pero el colofón de esta situación ha sido el comportamiento del abogado de Villalobos, el licenciado Gustavo Herrera, quien ha buscado utilizar sus contactos personales para conseguir un juicio favorable para su cliente.  

El pasado 11 de febrero, el juez 21 del Distrito Federal, Bruno Cruz Jiménez, formalmente se excusó del caso porque había recibido presiones de parte del abogado Herrera. En el acta administrativa que resume las razones por la excusa, se recoge la siguiente declaración del juez Cruz con respecto a un encuentro que tuvo con el abogado litigante: 

“El día de hoy, siendo las 14:30 horas, recibí en mi privado, manteniendo la puerta abierta, al litigante Gustavo Herrera Torres, quien hizo manifestaciones y ostentación de que ganaría el juicio que patrocina en este Juzgado porque tiene un gran padrino de nombre Luis Guzmán Ramírez, y que había ido a comer recientemente con él, de quien sabe es maestro del suscrito ‘por haberme enseñado a jugar frontenis’, y que sabe que todavía en algunas ocasiones ‘nos reunimos para ir a jugar frontenis’, que tanto el litigante como el licenciado Luis Guzmán Ramírez vendrían personalmente para invitarme a comer; diciéndome el litigante con palabras antisonantes (sic) que no le tuviera miedo a ‘los pinches periodistas’ porque la Ley de Responsabilidad Civil estaba hecha a su modo y era anticonstitucional, y que llamaría a este juicio a declarar a todos los periodistas que comentaran el asunto, por lo que al escucharlo en tono amenazante le pedí que se retirara”.        

En este caso el juez tuvo la valentía y la independencia para excusarse del caso para evitar incurrir en conflictos de interés o tráfico de influencias. Habría que celebrar sin regateos la honradez del licenciado Cruz  Jiménez. Sin embargo, lo más probable es que ni Villalobos ni Herrera se darán por vencidos tan fácilmente. Habría que ver, por ejemplo, si en la audiencia citada para este domingo 29 a las 10 de la mañana la magistrada se atreve a presentarse personalmente en el juzgado o se limita a entregar su declaración por escrito, escudándose en su condición de funcionaria pública.

El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que el futuro de nuestra incipiente democracia.  

www.johnackerman.blogspot.com