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Piso Firme: Mordida sobre mordida

 

MARCELA TURATI / Semanario Proceso
 

Funcionarios locales de Sedesol en Guerrero exigieron "diezmo" a empresarios para adjudicarles el programa Piso Firme; sus familiares y amigos se convirtieron en proveedores únicos; "jinetearon" el presupuesto; los extorsionaron para liberarles recursos, en contubernio con la banca privada, y hasta llegaron a secuestrar a uno de ellos. Ninguna queja valió para que el secretario Ernesto Cordero frenara las anomalías en torno de su delegado. Hoy, los contratistas padecen represalias y están quebrados, pero dispuestos a denunciar. Mientras, las comunidades pobres pagan los platos rotos.

 

CHILPANCINGO, Gro.- La cita se fijó en la habitación de un hotel de esta ciudad y fue a cortina cerrada. Ninguno de los constructores guerrerenses contratados en 2008 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para ejecutar el programa Piso Firme en las comunidades más pobres quiso que nos viéramos en un lugar público. Tenían miedo. 

 

Uno a uno y por separado, los cuatro constructores dijeron a este semanario que la primera promesa del presidente Felipe Calderón hacia los más pobres, la de encementar viviendas, se incumplió en Guerrero por culpa de los funcionarios locales de la secretaría que los extorsionaron al grado de impedirles avances o quebrarlos. Uno de ellos, incluso, aseguró que lo secuestraron y ya denunció penalmente.

 

Con matices, los contratistas relataron que en esta trama de corrupción jugaron un papel protagónico los parientes del delegado de Sedesol que se convirtieron en proveedores únicos de cemento; los verificadores del encementado que exigían sueldo, viáticos, camionetas, mordidas y computadoras para hacer su trabajo; el subdelegado que pedía hasta 100 mil pesos por liberar cheques necesarios para continuar las obras y abrió a cada uno cuentas bancarias mancomunadas con Sedesol para despistar a Hacienda, y el gerente de banco que se prestó a "secuestrar" el dinero de esas cuentas. 

 

Coincidieron en que el delegado estatal, Luz Antonio González Justo, no escuchó las quejas contra sus parientes y subalternos que le llevaron los contratistas. Y a quien lo amenazó con denunciarlo en México, no le amplió el contrato o le dijo que lo vetaría en todas las dependencias federales.

 

También fueron castigados los que no quisieron "cooperar" para los refrigeradores o televisiones que se les pidió para Navidad.

 

Los entrevistados se animaron a dar su testimonio luego de leer en Proceso (el reportaje sobre el fraude de los pisos firmes en ese estado. Se identificaron ante esta reportera, accedieron a que la entrevista fuera grabada y proporcionaron copias de documentos que la Sedesol también tiene en su poder, pero no quisieron que se publicara su nombre por miedo a ser vetados como contratistas del gobierno o a poner en peligro su vida.

 

"La corrupción de éstos es muy descarada; hemos hecho unas 10 reuniones desde el año pasado y le explicamos al delegado el problema, pero no hace nada. Somos como 18 empresas las que estamos dispuestas a ir a México a hablar con el secretario" Ernesto Cordero, dice uno de ellos. 

 

La primera carta de denuncia enviada a las oficinas centrales de la Sedesol está fechada en mayo. A partir de junio, algunos viajaron al Distrito Federal para denunciar la situación. Otros hicieron saber las anomalías a través de correos electrónicos o comentándolo con diputados. 

 

Pero no hubo ningún cambio en la delegación. Si Cordero se enteró, no hizo nada.

 

"Hemos recibido llamadas de Sedesol federal, nos piden que expliquemos la situación, dicen que lo van a resolver y no hacen nada. Todas las empresas están muy desesperadas, algunas salieron quebradas: pusieron de su bolsillo lo que se les debe y el doble", afirma otro en su turno.

 

Tres de los contratistas aceptan que ganaron la licitación ofreciendo "la mochada" o "el diezmo", ese acuerdo sobreentendido que exige pagar a los funcionarios públicos la décima parte del costo de la obra en agradecimiento por haber elegido a su empresa (la misma costumbre que el presidente Calderón criticó la semana pasada por entorpecer el desarrollo del país).

 

La molestia generalizada es porque la delegación de Sedesol no se conformó con "el diezmo" y siguió exigiendo dinero a grados de extorsión que impidió a varios cumplir el contrato que beneficiaría a los más pobres, ya sea porque no alcanzó el material para todas las viviendas o porque hicieron pisos de mala calidad. Los que cumplieron, tuvieron que poner de su dinero.

 

Los nombres que mencionan como cómplices del ilícito fueron los mismos: el delegado Luz Antonio González Justo, su hermano René y su amiga Naiví Ramírez (distribuidores de Cemex en la entidad). También el subdelegado José Cruz Rétiz junto con el subcoordinador del programa, Eduardo Acevedo; el excoordinador de Microrregiones, Víctor Manuel Mendoza; el coordinador del programa tres por uno, Eduardo Andraca, y el asesor Juan Manuel Tinoco, a quienes acusan de cobrar las mordidas o recoger el dinero o "ablandar" a los empresarios renuentes.

 

"Es una lástima, porque el programa es bueno y están engañando al presidente. Este es el primer año que Sedesol licita y éstos se sirvieron con la cuchara grande, se llevaron como unos 60 millones de pesos", calcula uno de ellos con base en el hecho de que la delegación manejó un presupuesto de 650 millones en licitaciones.

 

Los más perjudicados, como siempre, fueron los más pobres, si se toma en cuenta que en comunidades marginadas como las de La Montaña guerrerense, con índices de desarrollo similares a los africanos, la corrupción asesina. Ahí tener piso de cemento hace la diferencia entre vivir o morir: puede salvar a un bebé que gatea de una diarrea mortal por tragar tierra, o de ser picado por un animal venenoso que saltaría a la vista entre el cemento, o evitaría que sus alimentos se llenaran de polvo de la tierra por donde se arrastran animales.

 

Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1714 que empezó a circular el domingo 6 de septiembre.