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Por la reducción de legisladores



Opinion del Dr. Simi / Revista Siempre!

Ninguno de los políticos destacados ha negado públicamente su oposición a la reducción del número de diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión; tampoco se han opuesto a la idea de su reelección inmediata.
La verdad de las cosas es que en el primer caso, el pueblo —los gobernados—, unánimemente, se ha pronunciado a favor de que el Congreso disminuya el número de sus integrantes, sin que exista esa misma unanimidad en la cantidad a la que deberá quedar reducido. La reelección de los congresistas no tiene el mismo apoyo numérico que su reducción. Mucha gente no la comprende.
Los políticos profesionales saben que mientras más cargos tengan para repartir mayor es su fuerza; así como que la reelección, a ellos, no les es necesaria, porque brincan de una diputación local a otra federal y de ahí a la senaduría, volviendo de retorno a cualquiera de esos dos cargos legislativos o pasan al ayuntamiento e, inclusive, a una gubernatura. ¿Para qué quieren la reelección?
La verdad de las cosas es que la reelección dentro de nuestro sistema partidocrático no tiene sentido democrático, porque no es el pueblo el que elige o rechaza a los candidatos, premiando o castigando su actuación. Un mal legislador podría ser reelecto inmediatamente si su partido lo apoya registrándolo y dándole los recursos necesarios para triunfar en las elecciones o anotándolo en las listas de los privilegiados.
Por las razones expresadas, los políticos prominentes de los diversos partidos no han promovido estas dos reformas queridas por la mayoría; sino, por lo contrario, han hecho en la práctica todo lo necesario para evitarlas. El político en el poder aspira a conservarlo como lo tiene, sin cambios que pudieran poner en peligro su estabilidad, su fuerza y su mando.
De lo contrario ya habríamos regresado a los 300 diputados, sin obsequios, y a los 64 senadores; lo cual no sólo haría más razonable la reparación, discusión y aprobación de las leyes y demás responsabilidades de las Cámaras y del Congreso que integran; sino que, lograríamos reducciones sustantivas —eso espero— del enorme presupuesto legislativo.
La crisis económica en la que nos encontramos inmersos y la que viene en el futuro próximo exige una pronta reducción del gasto público y en materia legislativa es impostergable y plenamente justificable.