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Sobre ‘Inmigración ilegal, legalizada’

 

Cartas al Director de la Revista Proceso
 

 

Señor director:

 

Respecto al reportaje titulado Inmigración ilegal, “legalizada”, publicado en Proceso 1705 bajo la firma de Jesusa Cervantes, me permito hacer algunas aclaraciones:

Los hechos documentados a que se refiere la reportera ocurrieron antes de que la comisionada Cecilia Romero Castillo ingresara al Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que resulta calumniosa la afirmación de que desde su nombramiento “muchos extranjeros han ingresado al país mediante trámites migratorios duplicados con autorización de esa dependencia”.

En relación a las solicitudes de trámites migratorios de ciudadanos chinos que fueron autorizados por el INM en 2006, cuyas copias se reprodujeron en la revista, le informo que los folios originales tienen el número 0525 y no 03883. El foliado de ese año llegó sólo hasta el número 2412.

Por lo que respecta a los números duplicados, es completamente normal y legal dar un mismo número de pieza a varios extranjeros relacionados entre sí; por ejemplo, cuando ingresa un equipo de futbol o un grupo para una convención.

Cabe señalar que los números de pieza (expedientes) son distintos a los números de resolución, y éstos son diferentes a los números de formas migratorias y visas.

Por otro lado, efectivamente el coordinador de Regulación Migratoria del INM, Tonatiuh García Castillo, envió a los delegados regionales la circular CRM/008/2008, con fecha 12 de noviembre de 2008, para autorizar la estancia legal de los extranjeros sin vincularlos a un empleador, persona, empresa, institución o área geográfica, porque ello constituía una violación a sus derechos humanos y va en contra de las garantías de libre tránsito y libertad de trabajo.

En la circular queda establecido también que la actividad a la que se dediquen los extranjeros no puede ser distinta a la que se establece en su calidad, característica y modalidad migratoria autorizada, por lo que es falso que se promueva una “nueva política de puertas abiertas y sin control”.

Con esta medida, el INM buscó crear las condiciones para que los extranjeros convivan armónicamente con los nacionales, tal y como lo solicitan varias convenciones internacionales sobre los derechos de los trabajadores migratorios.

Los gobiernos de nuestros principales socios comerciales otorgan visas de trabajo sin especificar actividad ni zona geográfica, lo cual permite a los trabajadores moverse de una actividad a otra y de una ciudad a otra, sin menoscabo de sus derechos.

El artículo menciona que el INM ha relajado la normatividad violentándola, y de manera forzada trata de vincular la desregulación con la trata de personas. Al respecto, cabe señalar que el INM, por el contrario, busca simplificar y desregular los trámites con el fin de evitar discrecionalidad, corrupción y lograr mayor transparencia, bajo la idea de prestar un servicio de calidad al extranjero, con el fin de que contribuya de mejor manera al desarrollo nacional.

Con base en lo anterior y con el propósito de que los lectores de la revista Proceso cuenten con elementos para conocer las acciones que el INM ha emprendido para procurar una regulación migratoria moderna y acorde con las necesidades del país, solicito la publicación de la presente.

 

Atentamente

Fernando Antonio Mora Guillén

Director de Comunicación Social 

del Instituto Nacional de Migración

 

De Sin Fronteras:

 

Señor director

 

En relación con la nota de Jesusa Cervantes Inmigración ilegal, “legalizada”, publicada en Proceso 1705, me permito realizar la siguiente réplica:

Sin Fronteras, IAP considera que la argumentación de la reportera no es acertada, porque defiende una política migratoria restrictiva de los derechos humanos de las personas migrantes, apoyada en una concepción muy estrecha de la seguridad. Aborda el tema suponiendo que mantener fuertes restricciones migratorias ayudará a enfrentar algunos de los graves problemas que lamentablemente afectan a México, como la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, la inseguridad o la corrupción de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM). 

En la práctica, la política migratoria mexicana, de corte policiaco e inquisitorial, incita a las personas migrantes a trasladarse y a vivir de manera clandestina en México, exponiéndolas a mayores peligros, como la falta de acceso a los servicios públicos básicos, la trata de personas, el secuestro, la extorsión y hasta la muerte. También fomenta que redes de crimen organizado y de funcionarios corruptos acechen a la población migrante, aprovechándose de su vulnerabilidad para obtener beneficios ilegales.

Al contrario de lo que expone la autora, lo que está mal –y por tanto debe mejorarse– es justamente la Ley General de Población, así como la política migratoria restrictiva y criminalizadora de los migrantes, que paradójicamente imita aquella vigente en Estados Unidos que tanto se cuestiona en México por los evidentes males que conlleva para los migrantes mexicanos que buscan mejores oportunidades de trabajo y de vida en el vecino territorio del norte.

Ante las carencias y defectos del marco legal vigente, algunas circulares emitidas por la autoridad migratoria que facilitan la internación legal de extranjeros al territorio nacional, así como los programas de regularización migratoria, han permitido flexibilizar la política migratoria nacional. Esto ha sido beneficioso, tanto para las personas extranjeras en México como para la misma sociedad mexicana, que ha podido así aprovechar más plenamente las valiosas aportaciones sociales, económicas, culturales y hasta políticas de personas nacidas en otros países. 

Eso no quita que otros graves problemas por resolver sean la corrupción de los agentes del INM, o la existencia de redes internacionales de trata de personas, toleradas o apoyadas por funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Las sociedades modernas no pueden encerrarse en sí mismas. Para desarrollarse plenamente deben abrirse en el sentido más amplio de la palabra, permitiendo el libre tránsito de personas y de ideas, respetando los derechos humanos de todos y todas, así como aprovechando su potencial para fomentar el desarrollo social y económico del conjunto de los países.

Atentamente

Sin Fronteras, IAP

(Responsable de la publicación: Paulo S. 

Martínez Sumuano, encargado de Comunicación)

[email protected]

 

De Alejandra Carrillo:

 

Señor director:

 

En Proceso 1705 se publicó el reportaje Inmigración ilegal, “legalizada”, donde la autora, Jesusa Cervantes, acusa al Instituto Nacional de Migración de haber “borrado”, a través de circulares elaboradas por uno de sus funcionarios, las reglas para internar extranjeros al país y las obligaciones que les fija la Ley General de Población (LGP).

Sin pretender comentar la regularidad o irregularidad de las acciones de los funcionarios en cuestión, quisiera sin embargo llamar la atención sobre el discurso empleado por la periodista. Si bien es cierto que la migración es un fenómeno social estrechamente vinculado a cuestiones de seguridad y de tráfico y trata de personas, no debe caerse en el discurso que percibe al migrante como un riesgo y una amenaza intrínseca; discurso que pareciera estar implícito en el artículo al que hago referencia.

De acuerdo con la experiencia en la dinámica migratoria en México y en otros territorios de origen, tránsito y destino de migrantes, pareciera que intentar controlar el movimiento de los individuos solamente en función de la seguridad con medidas restrictivas, punitivas y de control coercitivo, como las que pareciera defender la periodista y como las que de hecho aplica el gobierno mexicano, no resulta un procedimiento viable. Además, en la aplicación de dichas medidas de control en aras de la seguridad existe una frontera a veces tenue entre algunas de ellas y la negación o limitación de derechos fundamentales de los individuos.

En la historia reciente, la política migratoria y la legislación en la materia en México han tendido a una visión meramente utilitarista de la migración, vinculando ésta a cuestiones de seguridad nacional exclusivamente. 

La consideración del tema migratorio desde el ángulo primordial de la seguridad ha provocado un descuido de los derechos de los migrantes, así como la creciente consideración del migrante como un criminal. Sin evaluar el problema de la trata y tráfico de personas, así como el de la implementación de medidas migratorias que busquen su prevención, me parece de suma importancia que en contextos de reflexión como los que defiende Proceso no caigamos en discursos dignos de pensamientos de derecha que ven al “otro” como un peligro y que ignoran los grandes aportes de los inmigrantes a nuestro contexto político, social y cultural.

Atentamente

Maestra Alejandra Carrillo

Doctorante de la Escuela de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales

París, Francia

 


Respuestas de la reportera

 

Señor director:

 

En respuesta a Sin Fronteras y a la maestra Alejandra Carrillo, es preciso aclarar que de ninguna manera “supongo” que fuertes restricciones migratorias ayudarán a enfrentar problemas como la trata de personas, inseguridad o corrupción de servidores públicos, como tampoco defiendo la aplicación de medidas restrictivas, punitivas y de control coercitivo para controlar la internación de extranjeros. 

El reportaje se limita a señalar las irregularidades y violaciones a la ley en que está incurriendo el Instituto Nacional de Migración (INM). 

En su carta, el INM alega que los trámites migratorios referidos en el texto se realizaron en 2006, antes de que la comisionada Cecilia Romero Castillo ingresara a esa dependencia, pero todos los documentos en manos de esta reportera –de los cuales se presentaron sólo dos casos por razones de espacio– están fechados el 24 de abril de 2008.

Por lo que se refiere a los números duplicados, el director de Comunicación Social del INM afirma que era “completamente normal y legal dar un mismo número de pieza a varios extranjeros relacionados entre sí”. Pero el reportaje no sólo muestra que hay un mismo número de folio para varios extranjeros, sino que además un mismo extranjero tiene distintos folios. 

Por ejemplo, como trámite de internación en el país, Tao Li recibió, el 24 de abril de 2008, los números 3881 y 3883, y en esta misma fecha Lusheng Sang obtuvo los folios 3886 y 3884.

Quien lea con detenimiento el reportaje se percatará de que sólo se destacan las violaciones a la Ley General de Población que realizan las autoridades del INM. Establecer de manera general la actividad del inmigrante, sin requerir el nombre del empleador y del área geográfica donde laborará, constituye una violación a esa normatividad, y si ésta tiene fallas, son los legisladores, no los funcionarios del INM, quienes deben modificarla.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 73, fracción XVI de la Constitución advierte que corresponde al Congreso “dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la república”.

 

Atentamente

Jesusa Cervantes