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Tiempo de definiciones

 

Por JESúS CANTú / Revista Proceso


La contingencia sanitaria provocada por la influenza A (H1N1) exige una rápida definición por parte del Instituto Federal Electoral, por lo menos en tres aspectos: uno, regular los términos en que las distintas instancias de gobierno podrán mantener su presencia en los medios de comunicación masiva; dos, proponer una forma alternativa de comunicación entre partidos, candidatos y ciudadanía, a fin de evitar iniquidades, y tres, revisar su estrategia de capacitación para impedir abusos.

El apartado “C” de la base III del artículo 41 constitucional señala que durante las campañas electorales federales y estatales se suspenderá toda propaganda gubernamental; sin embargo, también establece la excepción en el caso de “las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

La aparición de la epidemia colocó al país precisamente en esta posición, y ahora los medios de comunicación masiva están saturados de promocionales relativos al tema. En algunos casos se transmiten incesantemente, en forma de spots, los mensajes de algunas autoridades, lo cual se presta a que éstas incurran en abusos.

En Nuevo León, por ejemplo, los medios locales difunden declaraciones del gobernador José Natividad González Parás: “Nuevo León –sostiene el mandatario estatal– es un estado de vanguardia que ha dado muestras de enfrentar y lograr grandes retos. Ahora atravesamos por una crisis económica, que nos vino de fuera; por una crisis de crimen organizado, que nos vino de fuera; y por una crisis de salud, que nos está llegando de fuera. Estas crisis y particularmente la de la emergencia por los riesgos de contagio del virus de la influenza porcina la vamos a seguir enfrentando con la convicción de que la habremos de superar. Lo vamos a hacer con la participación responsable de todos”.

Es obvio que este gobernador aprovecha la presencia de la epidemia para ganar espacios en los medios y llevar agua a su molino.

Por otra parte, el jueves 30, con motivo del Día del Niño, Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, apareció en diversos programas televisivos para dar consejos de salud a los menores y a sus padres.

Funcionarios públicos o las esposas de éstos (de buena o de mala fe) pueden aprovechar la presencia de la epidemia para proyectar su imagen y difundir mensajes en espacios comerciales. Como no existe ninguna ley ni disposición reglamentaria que lo impida, pueden hacerlo de manera arbitraria y discrecional.

Así el IFE que, de conformidad con lo establecido en el apartado “D” del artículo 41 constitucional, es el responsable de sancionar dichas infracciones, debe establecer los lineamientos para evitar que se aproveche la contingencia para posicionar positivamente en la opinión pública a las distintas instancias de gobierno, más allá de difundir las medidas de prevención y cuidado ante la emergencia.

Pero ese no es el único problema que debe atender el IFE, el secretario de salud, José Ángel Córdova ya anunció que sí habrá “… recomendaciones en relación a la forma en cómo se desarrollan las campañas”, particularmente para evitar aglomeraciones en los actos de campaña; a su vez, el CEN panista, a través de un comunicado de prensa, ya solicitó que se posponga el inicio de las campañas, que de acuerdo con el calendario oficial inician el domingo 3 de mayo.

Así que también en este caso el Consejo General del IFE, de acuerdo con los partidos políticos, debe establecer formas alternativas de hacer campaña electoral. Como las autoridades han señalado que no se contempla modificar el calendario electoral, lo más prudente es optimizar el uso de los medios de comunicación masiva para evitar mítines, reuniones y visitas domiciliarias, en congruencia con las medidas dictadas por las autoridades.

Pero esto implica establecer también un modelo de excepción, pues esta comunicación no puede mantenerse únicamente a través de los 41 minutos diarios de promocionales que se difundirán por radio y televisión. Requiere de espacios de debate, entrevista y análisis, que permitan a la población informarse sobre las propuestas, posiciones y capacidades de los candidatos.

Y esto obliga a la colaboración de los medios de comunicación masiva, sobre todo los electrónicos, pues habría que instaurar una fórmula que permita mantener la equidad en la contienda y garantice el acceso de todos a su programación ordinaria y a la especial. Sólo de esta manera será posible generar un voto responsable e informado.

Ello implica que todos tengan la misma oportunidad de participar en noticiarios, programas de revista, entrevistas y análisis, no únicamente unos –como hoy sucede– y que se calendaricen programas especiales para difundir las propuestas, también en igualdad de condiciones. Es una situación de excepción, hay que responder con medidas excepcionales.

La contingencia también afectará el proceso de capacitación de ciudadanos para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, que deben estar integradas –de conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)– a más tardar el próximo 15 de mayo.

En este caso existe el riesgo de que capacitadores y vocales de las juntas distritales continúen abusando de las denominadas secciones de atención especial. Cuando se implantaron por primera vez, en la elección de 2003, sólo se limitaban a comunidades indígenas y zonas militares, en su mayor parte, en donde era materialmente imposible cumplir con las disposiciones del Cofipe. Por esta razón, desde el principio se procedía a trabajar con toda la lista nominal y no únicamente con los insaculados.

Sin embargo, en 2006, el número de secciones de atención especial se elevó en la fase final a más de 8 mil (aunque originalmente sólo se habían aprobado mil 200) que representaron más de 12% de las 64 mil 934 secciones en que se divide el territorio nacional.

Para las elecciones de 2009 ya se establecieron 6 mil 230 secciones, que representan casi 10%. Esto que fue concebido como una alternativa excepcional, hoy parece convertirse en una vía para justificar la violación de la ley electoral. Es un asunto que debe analizarse con claridad y precisión antes de que surjan sorpresas desagradables.

De seguro hay otros ámbitos que también resultarán afectados. Decenas de miles de mexicanos que en la actualidad participan en la organización del proceso electoral pueden sufrir los estragos de la epidemia lo que repercutirá de manera negativa en el desarrollo de sus programas. Por lo anterior es urgente que el IFE asuma el papel que le corresponde por mandato constitucional para evitar que aviesos intereses ocupen los vacíos generados por la contingencia sanitaria y logren de esta manera ventajas ilegítimas.